El grupo municipal del PSOE exigió ayer al gobierno local que licite ya la redacción del Plan General de Ordenación Urbana que sustituirá al de 1986 y que entró en vigor después de que el Tribunal Supremo anulara el de 2010.
El principal partido de la oposición considera que el Ayuntamiento cuenta con los requisitos necesarios para sacar a concurso la elaboración del Plan, como la aprobación del texto refundido del PGOU de 1986, la adaptación del propio planeamiento a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y la modificación de las normas urbanísticas «prácticamente listas» y el asesoramiento de un equipo de entendidos en urbanismo.
«Ahora es el momento. Tenemos el PGOU de 1986 a pleno rendimiento y capaza de soportar el tiempo de redacción de un nuevo plan general. Ahora es el momento de empezar a elaborarlo, pero el PP y OSP, que gobiernan el municipio, no tienen tanta prisa», señaló la concejal Isabel Pérez, exresponsable de Urbanismo.
El grupo municipal socialista elevará al Pleno de febrero una moción para solicitar la licitación del PGOU en el caso de que el equipo de gobierno no lo haga en las próximas semanas, señalaron la edil y el exalcalde, José Bernal.
El PP, entonces en la oposición, exigió al anterior equipo de gobierno que licitara un PGOU «desde el minuto 1» tras la sentencia del Supremo, que se produjo a finales de noviembre de 2015, señaló Bernal. «Han pasado seis meses desde la moción de censura que PP y OSP aprobaron por intereses oscuros y la alcaldesa, Ángeles Muñoz, no tiene tanta prisa. El equipo de gobierno sigue sin dar pasos en este sentido, a pesar de que cuenta con todas las bases para sacar la redacción del Plan a concurso público», señaló Bernal.
Pérez recordó que el anterior equipo de gobierno contrató en julio a un equipo de especialistas en urbanismo para que, en el plazo de un año, elaborara un pliego para la contratación del equipo redactor del PGOU. Tras los seis primeros meses de trabajo, los especialistas tenían que aportar un borrador. «Ese tiempo ya ha pasado. «Hace tres meses solicitamos una reunión con este equipo, pero el gobierno local no nos la ha concedido. Con el PP volvemos al oscurantismo y la poca transparencia en el urbanismo de nuestra ciudad», agregó la edil.
Viviendas irregulares
La concejala Isabel Pérez pidió al gobierno local que concrete cuáles son las 6.000 viviendas que se construyeron al margen de la legalidad durante los gobiernos del GIL y que fueron adquiridas por compradores que desconocían su situación. «Queremos saber qué va a ocurrir con las viviendas ilegales, esas que tienen la licencia anulada por la sentencia del Supremo y cuyos propietarios están esperando una decisión de los tribunales para saber qué ocurrirá con sus casas», agregó.
El PP legalizó unas 1.000 viviendas irregulares tras la entrada en vigor del PGOU de 2010, lo que representa el 7% del total, según la edil socialista.
«El PP dijo que los compradores de esas viviendas no iban a tener problemas por ser terceros de buena fe, algo que el Supremo ha cuestionado», indicó.
