La juez que investiga el fraude en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) ha acordado elevar al Tribunal Supremo el conflicto de jurisdicción planteado por el gobierno andaluz, que defiende el carácter secreto de las actas de los consejos de gobierno solicitadas por la magistrada.
En un auto notificado hoy a las partes, la juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, anuncia que ha planteado formalmente ese conflicto y que remite las actuaciones al presidente del Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales dependiente del Supremo.
No obstante, en el auto al que ha tenido acceso Efe, también acuerda "mantener la jurisdicción" de su juzgado en relación a las actas además de insistir en "requerir a la Junta de Andalucía el cumplimiento de la prueba ordenada" al defender su competencia para acceder a dichas actas.
En otra providencia también notificada hoy, la juez da cuenta de que las actas, cuyas copias compulsadas permanecen custodiadas en un edificio judicial, están a disposición de la Junta "desde la notificación del auto de la Audiencia" de hace dos días en el se ordenaba que las actas se devolvieran al gobierno autónomo.
Este auto y esta providencia se han notificado el mismo día en el que la juez ha empezado a tomar declaración a los imputados en el presunto fraude de los ERE.
