Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido a una décima persona dentro de la segunda fase de la operación 'Heracles' vinculada al caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares que investiga la juez Mercedes Alaya, en concreto al exdirector de una sucursal bancaria de la provincia de Jaén, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.
En este sentido, las mismas fuentes consultadas han indicado que la detención de esta persona, identificada como F.J.G.C., se produjo en la tarde de este martes en un punto de la provincia de Jaén que no ha sido concretado, con lo que el número de detenidos se sitúa hasta el momento en diez, a lo que hay que sumar medio centenar de personas imputadas, diez registros y ocho requerimientos a entidades bancarias.
De este modo, la Guardia Civil ha detenido en Sevilla a tres personas, como son el exgerente provincial del IFA y director del Área de Empleo e Innovación de la Diputación de Sevilla, Enrique Rodríguez Contreras, quien fue inmediatamente cesado por esta institución; el exsecretario de Desarrollo Industrial de CCOO en Andalucía Roberto Carmona Soto, y el empresario José Joaquín Barneto.
Asimismo, en Córdoba fueron detenidos un exdirigente de la unión provincial de CCOO llamado Francisco Casado y su propio hermano, José Manuel Casado, mientras que en Cádiz los agentes de la Guardia Civil detuvieron al secretario general de UGT-Cádiz, Salvador Mera.
Los detenidos Igualmente, los agentes detuvieron en Segovia al empresario Juan Jesús Sánchez, mientras que en Málaga fueron dos los detenidos, en concreto el empresario Ángel Quesada del Valle, apoderado de Nexprom -propietaria del Hotel Rey Don Pedro en Torremolinos- y una segunda persona identificada como G.C.E..
Según las fuentes consultadas por Europa Press, todos los detenidos se encuentran ya en dependencias de la Guardia Civil en espera de declarar y ser puestos a disposición de la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, lo que podría ocurrir a lo largo de la jornada de este jueves.
La segunda fase de la operación 'Heracles', que se llevó a cabo de manera simultánea en las provincias de Madrid, Segovia, Barcelona, Jaén, Sevilla, Málaga, Córdoba y Cádiz, es fruto de la documentación recabada en la primera fase así como de la actividad policial desarrollada en la propia investigación.
'Sobrecomisiones' Cabe recordar que el desarrollo de la primera fase de la operación se centró en la forma de actuar que utilizaban las personas implicadas para distraer partidas de dinero identificadas como 'sobrecomisiones' de los fondos públicos asociados a subvenciones excepcionales vinculadas principalmente a expedientes de regulación de empleo.
En este sentido, en esta primera fase de la operación se identificaron a las personas, físicas y jurídicas, que intervinieron en la forma y grado de participación en los hechos, finalizando con la detención de 22 personas.
Entre los actores referidos se encontraban mediadoras, aseguradoras, conseguidores, entramados societarios creados para dar cobertura y alejar los fondos derivados de las 'sobrecomisiones', un despacho de abogados "como colector y distribuidor de los activos obtenidos de manera irregular", sindicatos, empresarios y la Junta de Andalucía "como fuente de financiación de la que se surtirían las numerosas 'sobrecomisiones'".
El papel de las organizaciones sindicales Una vez analizada la documentación recabada en los diferentes registros efectuados y realizadas diversas diligencias de la investigación, se procedió por tanto a realizar una segunda fase de la operación con la intención de concretar determinados aspectos vinculados a los objetivos establecidos en la primera fase y esclarecer nuevos hechos derivados de estas nuevas investigaciones.
Esta segunda fase se ha centrado principalmente en tres ámbitos, como son, en primer lugar, las irregularidades en la concesión de las llamadas ayudas a empresas. En este sentido, se pretende establecer el papel jugado por diversos empleados de distintas sucursales bancarias, habiéndose detenido al director de una de ellas, en relación a diferentes operativas vinculadas a blanqueos de capitales y los entramados ilícitos instrumentales expuestos en el atestado presentado en marzo.
También se pretende precisar el papel desarrollado por determinados responsables públicos de la administración andaluza en relación con la concesión de las referidas ayudas.
Pagos de empresarios a las "tramas ilícitas" En segundo lugar, la Guardia Civil ha investigado la participación de representantes y dirigentes de organizaciones sindicales en los procesos de los expedientes de regulación de empleo asociados a las distintas pólizas por prejubilaciones, así como su relación con las asociaciones ilícitas descritas en la primera fase, concluyendo si pudiese existir algún tipo de responsabilidad penal.
En este marco, se ha procedido a la detención de dos personas vinculadas a estas organizaciones --Salvador Mera y Roberto Carmona Soto-- y a la imputación de seis más en similares circunstancias.
En tercer lugar, los agentes han analizado los pagos de empresarios a las "tramas ilícitas" descubiertas como contraprestación a la financiación pública obtenida en sus expedientes de regulación de empleo.
