La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluyó ayer pasadas las 20.30 horas, tras más de diez horas de operación, el registro de la sede central del sindicato UGT-A por orden de la juez Mercedes Alaya en el marco de la investigación sobre el uso de fondos de formación, informaron a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.
Las fuentes, que indicaron que no se efectuaron detenciones en el seno de esta operación, denominada «Cirene», explicaron que el registro se inició sobre las 10.30 horas en la sede del sindicato ubicada en la calle Antonio Salado de la capital hispalense, que permaneció acordonada y cortada. Los agentes solicitaron y recogieron documentación en papel y soporte digital sobre la contabilidad y las facturas del sindicato referentes a los fondos de formación. En total, llenaron dos furgonetas con cajas con archivos copiados y material documental revisado.
Además de la sede del sindicato, dentro de esta misma operación se registraron varias empresas relacionadas con los cursos de formación de UGT-A. Igualmente, la Guardia Civil registró el despacho de abogados del exalcalde socialista de Sevilla Manuel del Valle porque éste, como abogado, asesoró al sindicato en dos concursos públicos de construcción de viviendas de protección oficial en Sevilla y en Jerez de la Frontera (Cádiz).
La juez Mercedes Alaya asumió a principios de octubre la causa sobre las presuntas facturas falsas de UGT-A dada su conexión con ciertos aspectos de la investigación del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía.
La causa partió de una denuncia del sindicato Manos Limpias donde ponía en conocimiento de la justicia que UGT-A falseó supuestamente facturas para pagar pancartas y publicidad para la huelga general de 29 de septiembre de 2010 con fondos públicos concedidos por la Junta para la formación de desempleados.
Ayer, el secretario de Organización de UGT-A y actual máximo responsable del sindicato, Manuel Ferrer, aseguraba que la central sindical afrontaba «con tranquilidad» el registro de su sede, tras lo que indicó que «no se ha encontrado ningún compañero, ni actual ni anterior, que haya cometido ningún fraude ni se ha enriquecido».
Manuel Ferrer indicó que la Guardia Civil no les había avisado del registro, y lamentó la situación de «indefensión» en la que se encontraron.
