La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta, Elena Cortés, ha afirmado hoy que el recurso contra Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda presentado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "provocará desahucios y especulación, porque ése es precisamente su objetivo". La Consejería reclamará al Tribunal Constitucional (TC) que no agote el plazo de cinco meses que tiene para levantar la suspensión cautelar de la norma, ya que "su paralización, forzada por el Gobierno, supone una desprotección masiva de derechos y porque, además, es evidente que la Ley no ha vulnerado ninguno durante sus meses en vigor". "Además en Cataluña hay en vigor una Ley de Vivienda de 2007 asentada sobre preceptos similares, que permite clasificar y sancionar viviendas vacías", ha añadido la consejera, que ha recordado que el PP no la recurrió cuando se aprobó. "El motivo de esta asimetría es obvio: no les preocupan los derechos ni la Constitución, les preocupa que en Andalucía haya un Gobierno que demuestra que hay alternativa y que pone en evidencia el fracaso de sus políticas", ha señalado.
"Este recurso encarecerá el acceso a la vivienda, puesto que la Ley ante todo pretendía abaratarlo mediante la salida en alquiler asequible de las viviendas vacías, y devolverá a la rutina las imágenes de violencia contra las familias que no pueden pagar su hipoteca a causa de la estafa financiera", ha señalado Cortés, que ha recordado que en Andalucía hay más de 700.00 viviendas vacías. La consejera ha explicado que la paralización afecta fundamentalmente a dos aspectos de la Ley: el primero, la expropiación de viviendas a los bancos para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social; el segundo, las sanciones a entidades financieras por mantener viviendas vacías y no sacarlas en alquiler asequible. El resto de la Ley sigue en vigor.
Cortés ha lamentado la "infinita cobardía del Gobierno, que ha presentado el recurso sin dar la cara, avergonzado de sí mismo, consciente de que todo el mundo sabe que está actuando únicamente guiado por la defensa de los intereses de la élite financiera y los especuladores". "¿Podría decir el Gobierno exactamente qué derecho constitucional se ha visto vulnerado por esta Ley?, ¿o no son derechos, sino intereses, lo que protege?", ha preguntado la consejera.
Dos de las expropiaciones, en Huelva y Torremolinos, ya han sido totalmente culminadas por el Consejo de Gobierno, por lo que "no tienen marcha atrás, ya que el recurso no tiene efecto retroactivo", ha señalado Cortés. "Lo primero que vamos a hacer es solicitar a los juzgados de cada uno de los 37 casos restantes que no ejecuten el desahucio hasta que haya una sentencia, y lógicamente sólo si declarase la inconstitucionalidad de la Ley, algo que consideramos absolutamente inconcebible", ha señalado la consejera, que ha recordado que la norma está "perfectamente anclada en la Constitución". La consejera ha señalado que, cuando el Gobierno recurrió en julio el Decreto-Ley que antecedió a esta Ley, había más de una decena de expedientes de expropiación iniciados y, durante los tres meses en que la norma estuvo suspendida hasta que la aprobó el Parlamento, ningún juez desahució a estas familias.
La consejera ha afirmado que el recurso del Gobierno "no sólo afecta a estas 37 familias, y a las casi dos centenares que cumplían los requisitos de la Ley y que se iban a acoger también a la expropiación, sino a todas las personas en proceso de desahucio en Andalucía". "Esta Ley tenía un efecto disuasorio sobre todos los desahucios, porque daba poder a la familia frente a la entidad financiera. Cuando un banco iba a desahuciar a una familia, se lo pensaba dos veces, porque sabía que se exponía a sanciones por tener la vivienda vacía o a la expropiación de la casa", ha señalado la consejera. "Ahora tienen vía libre para desahuciar", ha añadido.
Cortés ha recordado que el TC se ha limitado a suspender cautelarmente la Ley en cumplimiento del artículo 161,2 de la Constitución, que establece que cuando el presidente del Gobierno impugna una norma autonómica la paralización de la misma es automática. "El presidente ha hecho un abuso de sus prerrogativas constitucionales. La paralización de la Ley, así como sus consecuencias, son ahora responsabilidad del presidente, de sus ministros y del grupo que los sostiene en el Congreso", ha señalado Cortés.
