­El candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía por el Partido Popular, Juan Manuel Moreno Bonilla, se comprometió ayer en Marbella a derogar el decreto-ley del litoral, que amplía la protección sobre el litoral que establece la Ley de Costas , y a agilizar la regulación de las concesiones de chiringuitos si se convierte en presidente autonómico.

El líder popular estuvo acompañado por el presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, así como por la alcaldesa marbellí, Ángeles Muñoz en un desayuno con pequeños y medianos empresarios.

Moreno Bonilla aseguró su intención de impulsar un «desarrollo equilibrado del turismo del litoral compatibilizándolo con el avance económico y social».

En este mismo sentido, se comprometió a aprobar una Ley de Municipios Turísticos de Andalucía que incluirá la creación de un fondo de nivelación de localidades turísticas; el nombramiento de más ciudades con este distintivo; un programa de promoción y competitividad local; y otro de adaptación, renovación y embellecimiento de los equipamientos municipales.

Por otra parte, durante su intervención, Moreno Bonilla no se olvidó de su rival política, Susana Díaz, de quien dijo «ha abierto las puertas de Andalucía a Podemos».

El líder popular aseguró que la candidata socialista se desmarca del secretario general de su partido, Pedro Sánchez, en sus decisiones en política de pactos.

La presidenta andaluza en funciones aseveró el miércoles que «no aceptará que nadie interfiera en su política de pactos», en relación a la línea en esta materia que quiere marcar el federal.

«Este nuevo lío, entre Díaz y Sánchez, huele a que la líder del PSOE-A está dispuesta a gobernar con otras fuerzas políticas, lo cual es negativo para Andalucía», insistió Moreno.

Finalmente, en lo referente a Marbella, el candidato del PP-A se comprometió a renegociar la deuda que la ciudad mantiene con la Junta de Andalucía, así como a ampliar los plazos de devolución, ya que las cuentas locales se han saneado.

Asimismo, anunció que destinará a esta ciudad los 100 millones de euros que tendrían que haberle llegado por parte del Gobierno andaluz para un plan de inversiones cuando se nombró la gestora tras la intervención del Ayuntamiento por los casos de corrupción.