El expresidente andaluz y del PSOE José Antonio Griñán enmarcó ayer las acusaciones vertidas contra él por el exinterventor de la Junta Manuel Gómez en su estrategia de defensa al estar también imputado en el caso de los ERE. «Está imputado y, por lo tanto, tiene que defenderse», dijo al ser preguntado en los pasillos del Senado por la afirmación de Gómez sobre que los responsables del Gobierno andaluz hicieron oídos sordos y miraron para otro lado durante diez años con las irregularidades en las subvenciones de los ERE que su departamento les advirtió.
«Me parece bien, pero lo que es evidente es lo que he dicho siempre: él podía haber hecho un informe de actuación en un momento y no lo hizo», recalcó. Insistió en su inocencia y aseguró que no teme perder la condición de aforado, una vez que ha decidido dejar definitivamente la política. Según dijo, tiene la «plena conciencia» de que nadie les podrá imputar ni a él ni a quienes trabajaron a sus órdenes ni al también expresidente Manuel Chaves «ningún enriquecimiento ni haber obtenido beneficios con ocasión del cargo».
«Ni mucho menos. Todo se hizo con arreglo a la ley», afirmó Griñán, quien no quiso pronunciarse sobre si las condiciones impuestas por Podemos o Ciudadanos para respaldar la investidura de Susana Díaz son o no un «chantaje», como dijo el martes Chaves.
