Descabalar, a corto plazo, las piezas que impiden que haya claridad jurídica sobre las viviendas turísticas se complica. El intercambio de responsabilidades entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central para determinar a quién le corresponde la regularización de un fenómeno en auge en los últimos años, sumó este viernes un nuevo capítulo. La UNIA, por medio de su rector, el exconsejero de Economía de la Junta, José Sánchez Maldonado, organizó unas jornadas para analizar la irrupción de las viviendas turísticas desde el punto de vista. Como invitado especial, figuró el consejero de Turismo, Javier Fernández, quien aprovechó para insistir en la postura que defiende la Junta desde el minuto uno: la regularización de las viviendas turísticas corresponde al Estado, es decir al Ejecutivo de Mariano Rajoy. Según Fernández, la Junta carece de las competencias para ir más allá del actual documento regulador que exige un registro a todas las personas interesadas en alquilar su vivienda. Una postura que choca con la posición de los hoteleros y el propio ministro de Turismo, Ángel Nadal, que siempre han defendido que la Junta cuenta con las herramientas para crear un marco regulador.
Fernández, por su parte, se mostró taxativo: «Para que quede claro en el ámbito jurídico, no tenemos competencias. Esto es una relación (el alquiler de viviendas turísticas) que se enmarca desde el ámbito estatal. Nosotros hemos hecho desde la Junta de Andalucía todo lo que está en nuestras manos», aseguró asegurado Fernández.
A efectos prácticos, eso se ha traducido en la creación de un registro que fija un estándar mínimo de calidad y en el que es obligatoria la inscripción para poder ofertar una vivienda turística. Para Fernández, la regularización debe ir más allá del ámbito del turismo y debe venir, entre otros, de mano del Ministerio de Hacienda. «No tiene que ser desde las competencias turísticas sino desde el ámbito de la fiscalidad y desde la voluntad de dotar a los ayuntamientos de instrumentos válidos para poder hacer una regularización de estas viviendas y dotar a la Policía Local o, incluso, a la Policía Nacional para poder actuar. Todo eso son competencias del Estado», sentenció. Con esta ratificación en su postura, se evidencia, por otra parte, la mencionada división de opiniones que existe entre la Junta de Andalucía y sectores del turismo. El presidente de Aehcos, Luis Callejón, manifestó en una entrevista reciente con este periódico que la regularización de las viviendas turísticas corresponde a la Junta. La preocupación entre los hoteleros persiste, al considerar que este tipo de alojamiento ejerce como competencia desleal. De hecho, según Callejón, supera, por primera vez, en número, a los apartamentos reglados.
Sobre el propio fenómeno de las viviendas turísticas, Fernández sí mostró cierta preocupación en relación al empleo que va ligado a este tipo de alojamiento. En este sentido, el consejero dejó claro que las viviendas turísticas no se pueden convertir en un «nicho de empleo precario», asegurando que la Junta va a velar por la creación de un empleo de calidad. «El fenómeno de las viviendas turísticas no es un fenómeno que sólo vaya a afectar a hoteles o a viviendas, es un fenómeno que influye en el comercio, la hostelería y el empleo. Al igual que exigimos a los hoteleros que se llegue a un acuerdo para que los trabajadores se beneficien del turismo, las viviendas con fines turísticos no pueden ser un nicho para acoger empleo sumergido». Cabe recordar que las viviendas turísticas no están sometidas al convenio de hostelería actual.
