El borrador de presupuestos para 2019 elaborado por la Junta de Andalucía contempla un aumento del 8 por ciento en el gasto sanitario, con 770 millones más, y un 3 por ciento más en educación, que suponen 200 millones más, además de 88 millones de incremento para las partidas de dependencia.

El consejero de Hacienda, Juan Bravo, que informó ayer al Consejo de Gobierno de las principales líneas del presupuesto, ha asegurado que «van a ser los más sociales» que se hayan hecho en Andalucía, con «la mayor subida en la historia» de la comunidad en gasto sanitario.

Las cuentas ascenderán a 36.465 millones, un 4,9 % más que el año pasado, y con un gasto financiero de 32.193 millones (un 5,2 % más). El aumento de los ingresos se producirá por una subida de las entregas a cuenta y por la mejora de la recaudación mediante impuestos propios, ya que se espera un incremento del 10 por ciento por la mejora de la actividad económica, que según la Junta compensará la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Además, se busca la «eficiencia» en la gestión de tasas como el canon del agua, que permitiría «activar» 80 o 100 millones anuales, y se prevé un aumento de los fondos europeos del 6,6 por ciento, mientras que el fondo de compensación interterritorial se mantendría.

El Gobierno andaluz asegura que cumplirá el objetivo de déficit del 0,1 por ciento, «intentará» cumplir la regla de gasto y también lo hará con la regla de deuda del Gobierno del 21,3 %.

En materia de financiación estatal se ha calculado un crecimiento del 5,2 por ciento conforme al programa de estabilidad, aunque no se tiene en cuenta una mejora del sistema de financiación autonómica.

Las inversiones se mantienen, ya que como «contrapartida» a la caída de los créditos autofinanciados se hará un mayor aprovechamiento de los fondos europeos.

El gasto en personal sube un 5,4 por ciento, incluyendo la restitución de todos los derechos de los trabajadores públicos.

Partidas

Bravo, que no quiso entrar en partidas concretas para que no se hable de interferencia en las elecciones municipales, explicó que en las cuentas se establece una mejora del control de subvenciones, fortaleciendo la comprobación de las justificaciones y la reducción de anticipos no justificados.

La Junta suprime partidas que considera «hasta ahora infladas», bajando los créditos para operaciones de capital en Educación en 118 millones porque se destinaban finalmente al pago de nóminas, o reduciendo en 81 millones los intereses del pago de deuda, ya que estaban «sobredimensionados».