30 de julio de 2020
30.07.2020
La Opinión de Málaga
Acuerdo para la Reactivación Económica y Social

Planes de empleo, gestión directa del ingreso mínimo vital y financiación de Andalucía, algunos puntos

Las medidas dependerán de los fondos europeos, de la colaboración público-privada, de los fondos extra de la UE y nacionales, y de los propios de la Junta

30.07.2020 | 16:19
Una oficina de empleo en Málaga.

Las medidas del Acuerdo para la Reactivación Económica y Social de Andalucía firmado este jueves por la Junta de Andalucía y los agentes sociales dependerán de la financiación de los fondos europeos, de la colaboración público-privada y de los fondos extraordinarios de la UE y nacionales, así como de los propios de la Junta. Se articula en cinco ejes: prevención sanitaria y social; relanzamiento del empleo y la actividad empresarial; fortalecimiento de los servicios públicos y mejora de la administración pública; Impulso de los sectores productivos; y Elementos institucionales para la reactivación económica.

En el apartado sobre el empleo y la actividad empresarial, con 19 medidas, el pacto reclama "planes específicos de empleo para jóvenes y de recualificación para trabajadores mayores de 52 años", así como "establecer líneas de créditos y avales para garantizar la liquidez de las empresas, en especial de las pymes".

También apuesta por "ayudas para mantener el empleo asalariado y autónomo", así como contar con "un servicio público de empleo eficaz", mientras que en el ámbito empresarial aboga por "consolidar la estructura financiera de las empresas industriales andaluzas".

En apoyo a la actividad empresarial, demanda la articulación de "una Oficina de Acompañamiento Empresarial para la captación de proyectos europeos que acompañe a las pymes para facilitarles el conocimiento de las convocatorias de las instituciones europeas".

Desde la perspectiva de la comunidad, el acuerdo apunta aspiraciones como "la financiación desde el Gobierno de la Nación de un Plan Especial de Empleo en Andalucía", así como "disponer de un Sistema de Financiación Autonómico equitativo en la distribución de los recursos por habitante utilizando criterios territoriales objetivos".

En la prevención sanitaria y social, que contempla 14 medidas, aboga por "herramientas suficientes para identificar en tiempo y forma a las personas contagiadas", a lo que suma "medidas de seguridad y protección en los centros residenciales y sanitarios", el impulso de la investigación biomédica y de la Atención Primaria y configurar un modelo de atención integral a las urgencias y emergencias sanitarias, sin olvidar "la vuelta segura a las aulas en el próximo curso escolar".

En la línea sobre fortalecimiento de los servicios públicos, que incluye 14 medidas, se propone "solicitar al Gobierno la gestión íntegra del Ingreso Mínimo Vital", a lo que suma "el rediseño de la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía para utilizar los recursos de forma eficaz", así como "ayudas al alquiler para situaciones de extrema vulnerabilidad y la ampliación de la red de distribución de Alimentos".

Respecto a la educación, el documento prevé medidas como la plena digitalización de alumnos y profesores en todos los niveles, la reducción de la tasa de abandono y fracaso escolar, la atención a la diversidad del alumnado, la apuesta por un sistema de becas complementario al nacional y aumentar la plazas de educación infantil (0 a 3 años).

En cuanto al impuso de los sectores productivos, con 11 medidas, prevé para el sector primario "mejorar la calidad y estabilidad de los más de 400.000 afiliados al Régimen Especial Agrario", medida que convive con "el impulso de la movilidad eléctrica", y "el refuerzo de sectores estratégicos por su capacidad para generar empleo de calidad e inversión como los sectores agroindustrial, naval, aeroespacial, defensa, químico, minero y energético".

El último bloque, con diez medidas sobre aspectos institucionales, pide remitir al Gobierno "una propuesta sobre criterios de distribución de fondos de la Conferencia Sectorial Nacional de Empleo" y reclamar al Gobierno la devolución de "los recursos detraídos para la formación para el empleo".

El acuerdo demanda al Gobierno "la distribución equitativa entre las comunidades de los Fondos de Recuperación de la Unión Europea, en base a los criterios de población, tasa de desempleo, PIB per cápita, fijados para su reparto entre los Estados miembros". Otra petición se dirige a la aprobación de la Ley de Participación Institucional.

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