4.800 millones al año de la UE: Andalucía peleará por una respuesta a la sequía

Europa se la juega el 9 de junio. Suena a eslogan, sí, pero nunca un 'claim' oteó mejor el horizonte: en los próximos años los desafíos se acumulan encima de la mesa en el viejo continente. La crisis climática, la sequía y los efectos en la producción industrial, el reto demográfico, la gestión migratoria y la incorporación de la Inteligencia Artificial al mercado laboral y como estrategia de desinformación son algunos de los asuntos a los que las instituciones europeas deben dar respuesta en un escenario de polarización y avance de la extrema derecha que complica, con frecuencia, las negociaciones en un gran parlamento que tendrá la próxima legislatura 720 eurodiputados (15 más que la que acaba de concluir) y donde los acuerdos no funcionan sólo en bloques ideológicos sino también por intereses entre países en función de los retos.

Al sur de Europa el principal desafío se llama gestión del agua, a los países del norte, sin embargo, todavía se les hace bola entender de qué hablamos aquí cuando hablamos de sequía.

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Por eso, el Parlamento que surja de las próximas elecciones europeas será decisivo para que se continúe la agenda que la Comisión Von der Leyen (un gobierno de socialdemócratas, conservadores y liberales) ha dejado sin terminar por culpa, entre otras razones, de la pandemia y los efectos de las dos guerras o, por el contrario, para invertir las prioridades. De lo que pase el 9 de junio depende también la mirada que se tenga hacia territorios muy dependientes de la UE como Andalucía.

Andalucía cree en Europa y lo refleja en el voto: en 2019, la participación de los andaluces fue del 60,6%, frente al 61% nacional. Una participación que creció en 20 puntos en las últimas dos décadas: en las elecciones de 2004, que fue del 40,6%, por debajo de la media nacional.

Porque, como territorio al sur del sur, Andalucía es especialmente sensible al aleteo de la mariposa en cualquier despacho de las instituciones comunitarias. Un dato da la medida de lo que se juega: en 2024, unos 4.800 millones de euros andaluces proceden de los fondos europeos (de los 46.753 millones con que cuenta el presupuesto de la Junta para 2024). De ellos, unos 3.564 son los fondos estructurales del marco 2021-2027 (a los que se suma los que que quedaban de ejecutar del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural-Feader) y unos 1.313 proceden del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (los Next Generation), activados como respuesta a la pandemia.

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Las respuesta de la PAC

Con todo, son pocas las voces andaluzas que se fajarán a futuro en la gran cámara europea: hasta ahora había cuatro andaluces -Lina Gálvez (PSOE), Juan Ignacio Zoido (PP) y Manu Pineda (IU) repiten en las listas- en un parlamento multilingüe en el que los eurodiputados representan a sus países, sí, pero sobre los que es lógico pensar que opera también la sensibilidad hacia sus territorios a la hora de diseñar agendas y posicionamientos en los debates.

En la próxima legislatura, donde España contará con 61 eurodiputados, el PP ha mandado un mensaje claro: ha colocado de número dos de su lista a la ex consejera de Agricultura de la Junta Carmen Crespo, para defender los intereses del campo andaluz en Bruselas; una pieza importante en una cámara donde no repite la granadina Clara Aguilera, ex consejera del ramo con el PSOE que, durante 10 años, se ha fajado en un diseño beneficioso de la Política Agraria Común (PAC) para España y Andalucía.

El reto de converger con Europa y el lastre de la sequía

Otro dato subraya lo sensible de esta materia: más de 200.000 agricultores y ganaderos reciben apoyo financiero de la UE para sostener y modernizar su actividad económica. La pasada legislatura fue clave para la actualización de la política agraria de los 27: la nueva PAC, rubricada en noviembre de 2021, reserva el 10% de los pagos directos a pequeñas y medianas explotaciones, mayoritarias en el campo andaluz y el pasado febrero, ante las críticas, se aprobó una revisión parcial de la PAC para reducir la carga administrativa y dar más flexibilidad a los agricultores. En octubre de 2023, el Parlamento pidió políticas públicas a favor del relevo generacional en el campo y el pasado febrero se aprobó el reglamento sobre indicaciones geográficas de los productos agrícolas. La lista de medidas sería infinita.

Respecto al agua, en plena revuelta del campo en las carreteras español, la Eurocámara debatió con el comisario Virginijus Sinkevičius sobre la necesidad de una estrategia sostenible como respuesta a la sequía. Fue un debate político (no se votaba ningún expediente) pero sirvió para dimensionar, por parte los diputados españoles, cuánto se juega España y Andalucía por la falta de agua. Según datos de la Junta, sin sequía, nuestra economía habría crecido un 2% más en 2023.

El sevillano Zoido alertó de «la brecha insalvable entre la Europa seca y la Europa húmeda» si no se activan medidas. El catalán Javi López, que repetirá en la Eurocámara, como número 3 de la lista que encabeza Teresa Ribera para el PSOE, pidió «movilizar recursos europeos, invertir en infraestructuras hídricas». Y Aguilera, en el que fue uno de sus últimos debates como eurodiputada, reclamó «una estrategia de resiliencia hídrica, medidas inmediatas ya para los próximos años». En la misma línea, la extremeña María Eugenia Rodríguez Palop, otra baja en las listas de Sumar, reclamó «una estrategia europea que cambie el modelo productivo y garantice el derecho humano al agua». Por contra, para Jorge Buxadé, que continuará en la lista de Vox, «en España hay agua suficiente para cubrir las necesidades del pueblo español», pero, dijo, «el fanatismo climático que criminaliza a los agricultores de Murcia, Almería o Huelva, le echa la culpa de los males del planeta».

Ya en 2020, el Centro de Estudios Andaluces hizo una encuesta en 12 países europeos que concluyó que el 67,6% de la población europea piensa que los productos andaluces son garantía de calidad y buen precio y que el 64,4% estaría justificado pagar más por un producto de origen andaluz.

Pese a las crisis puntuales (la fresa de Doñana fue una), la confianza en el campo andaluz es grande. Pero faltan las medidas que atajen sus desafíos a largo plazo desde el corazón de Europa. En el voto del 9J estará (parte) de la respuesta.

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