El sector pesquero en la provincia de Málaga, con sus casi 250 embarcaciones y miles de empleos directos e indirectos que generan, sigue con su campaña reivindicativa. Si en marzo pasado ya alzó la voz a raíz de una reunión en Madrid para conocer en términos exactos las limitaciones que plantea Bruselas en el Mediterráneo, ahora ha iniciado una campaña de recogida de firmas que se extiende al resto de provincias bañadas por este mar.
«Queremos obtener apoyos de carácter social e institucional que nos permitan evitar la muerte de un sector sostenible como el de la pesca de arrastra», remarcan portavoces provinciales como el presiente de la Federación de Cofradías de Pescadores malagueña, Miguel Ángel Carmona. «Es importantísimo que la sociedad malagueña en su conjunto nos respalde. Qué sería de al provincia, turísticamente, si dejamos de tener pescaíto frito. Nadie se imagina la Costa del Sol sin las capturas que los barcos malagueños traemos a puerto recién pescadas», agrega.
Málaga posee 125 barcos dedicados al marisqueo, 55 a las artes menores, 37 a arrastre y el resto, 32, al cerco. A estas últimas les corresponde la pesca de variedades como el boquerón, la sardina o el jurel. A juicio de los pescadores, está en juego el futuro de la «pesca sostenible del Mediterráneo», en virtud de la directiva de la Comisión Europea que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente tiene ya sobre la mesa y que pretende reducir paulatinamente los días para faenar en el calendario anual.
El vicepresidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, José María Gallart, remarca que se ha propuesto un reglamento que no se corresponde «con la realidad del sector», especialmente con el de arrastre, y que mantiene 460 empleos directos y 2.300 indirectos en la comunidad autónoma andaluza. «Bruselas hace un copia y pega de las políticas del norte, en concreto de los planes aplicados a un mar tan diferente al Mediterráneo como el Báltico».
Los portavoces malagueños recuerdan que la Unión Europea ha tomado para limitar las capturas un periodo de referencia comprendido entre los años 2012 y 2016, cuando debiera poner la foto fija entre 2015 y 2017 para no empezar a tomar las medidas justo en este momento y dar un plazo de reajuste a una flota que, sólo en las lonjas andaluzas, genera un movimiento económico de 53,6 millones de euros anuales.
Gallart, como en su momento Carmona, insiste en que bajar la actividad para faenar a apenas 170 ó 180 días «impedirá que sean rentables las embarcaciones». En su petición ante el Gobierno central y por extensión a Bruselas insiste en que todo lo que esté por debajo de los 190 o 210 días anuales acabará con la flota.
