Investigación
Empadrona a 173 personas en 130 metros cuadrados de su finca de Vélez-Málaga
Cobraba entre 300 y 700 euros a inmigrantes que necesitaban este trámite para su regularización
Hay otros tres arrestados acusados de captar a víctimas en la provincia de Almería
La Opinión
La Policía Nacional ha detenido en Vélez-Málaga al propietario de una finca que registraba más de un centenar de empadronamientos fraudulentos, cobrando por cada uno de ellos entre 300 y 700 euros. Otras tres personas resultaron arrestadas por presuntamente realizar labores de captación de extranjeros que necesitaban este tipo de trámite para regularizar su situación en España.
Fruto de una operación policial llevada a cabo en 2022 contra los asentamientos clandestinos de caravanas en el municipio de Vélez-Málaga, se localizó una finca que carecía de los permisos para la actividad de estacionamiento de larga estancia. Inspecciones posteriores denotaron que la propiedad, con tan solo 136 metros cuadrados y dos viviendas construidas, contaba actualmente con 173 personas empadronadas en una superficie de apenas 130 metros cuadrados.
Ante semejantes datos, los agentes realizaron numerosas gestiones con las administraciones para identificar a las personas que realmente residían en el lugar. De todos los empadronados 153 resultaron ser extranjeros y sólo 12 habitaban allí en la actualidad. Las informaciones recabadas revelaron que muchos de las empadronados nunca habrían morado en la finca. Principalmente, ciudadanos extranjeros de origen marroquí y senegalés, que eran captados en la provincial de Almería por intermediarios y que habrían llegado a pagar entre 300 y 700 euros para obtener el certificado de empadronamiento y con ello regularizar su situación administrativa.
La operación policial ha conseguido identificar una estructura criminal que basaba su actividad en la falsedad documental y el favorecimiento de la inmigración ilegal. Igualmente, se ha comprobado que otras personas investigadas han conseguido regularizar su situación en España gracias a esta organización, pudiéndose enfrentar a una revocación de los permisos ya concedidos, así como a las correspondientes sanciones administrativas.
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