La Junta de Andalucía explicó ayer que no puede decidir sobre las obras del espigón de Benalmádena y se limita a aplicar una normativa de protección nacional sobre la ‘patella ferruginea’, un molusco marino en peligro de extinción del que hay algunos ejemplares en la zona según los últimos informes.

La Junta responde así al alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, quien días atrás argumentaba que la ampliación del espigón que permitirá estabilizar las playas de Malapesquera no se pueden ejecutar después del verano porque unos informes de la Junta de Andalucía establecen una parada biológica entre el 1 de julio y el 1 de diciembre para proteger a esta especie en extinción.

El Gobierno andaluz señala que el ayuntamiento «ha tenido cinco años para acometer estas actuaciones en los periodos permitidos y las puede acometer ahora hasta julio».

Añade que la ‘patella ferruginea’ está en peligro de extinción según la Ley Española y Andaluza de especies en Régimen de Protección especial. Se trata de un gasterópodo marino endémico del Mediterráneo occidental, considerado uno de los invertebrados más amenazados de la región.

Explica la Junta que la ‘patella ferruginea’ se reproduce sólo una vez al año, cuando baja la temperatura del agua, entre agosto y septiembre, y concluye en noviembre, con los primeros temporales, como señalan otros autores en cuyo estudios también se basa el Ministerio para la Transición Ecológica y el catedrático de Biología Animal de la Universidad de Sevilla y experto en este molusco, José Carlos García, quien recomienda un periodo similar.

Señalan que cualquier actividad que afecte al hábitat de esta especie se puede hacer de diciembre a julio.

La Junta también detalla que el proyecto de ampliación del dique fue presentado a la Junta hace más de cinco años y se firmó el informe del expediente el 21 de diciembre de 2018. «El Ayuntamiento de Benalmádena podía haber empezado las actuaciones desde entonces, teniendo en cuenta la para biológica de julio a diciembre.

El Gobierno andaluz también destaca que tiene en cuenta en la Resolución del Ministerio de declaración de impacto ambiental del proyecto, habla de cuatro ejemplares, aunque hoy día la población ha podido variar.

Ante las protestas de las asociaciones de comerciantes y hosteleros de Benalmádena, el ayuntamiento alegó que no tiene competencias para decidir el comienzo de las obras pues son competencia de la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. Y pedía a la Junta de Andalucía que fuera «sensible» y modificara los informes medioambientales para permitir que los trabajos se acometan en otoño, como piden los hosteleros.

La Subdelegación del Gobierno aclaró que la parada biológica es de obligado cumplimiento, y las mejoras del litoral siempre se realizan todos los años en estas fechas, una vez acabada el periodo de temporales para dejar las playa en condiciones de cara a la llegada de turistas en los meses de verano.