Málaga ha pasado del cielo de la euforia económica al infierno de la crisis en estos últimos cinco años, en los que el paro ha aumentado la friolera de un 157% en la provincia. Un total de 106.400 desempleados se han sumado a unas listas que, según reiteraba esta misma semana la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), se sitúan en niveles jamás vistos en el mercado laboral malagueño: 173.891 parados inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y la incógnita de hasta cuánto subirá el desempleo en otoño e invierno, con menos ocupados que nunca en el sector turístico. El triste récord, por ahora, data del pasado mes de febrero, donde se alcanzaron los 177.364 parados.
En este lapso de cinco años, la mayoría de municipios se mueven en cifras que duplican el paro de entonces –es el caso de Málaga capital, que pasa de 32.200 parados a 69.200–, otros 19 lo han triplicado –entre ellos, algunos de significativa población como Marbella, Benalmádena, Mijas, Cártama y Alhaurín de la Torre– y seis más lo han cuadruplicado, con Alhaurín el Grande, Coín y Estepona como localidades más representativas.
¿Hay aumentos todavía más espectaculares? Sí, aunque se registran en pequeños municipios donde el paro era de por sí muy reducido, lo que facilita que la subida ahora sea muy llamativa: por ejemplo, Macharaviaya ha aumentado por cinco el número de parados (de 12 a 60), Monda lo hecho por seis (de 48 a 304) y también Casares (de 70 a 420). Sorprende el caso de Manilva, donde el paro se ha multiplicado por diez: en junio de 2005 había 232 parados; hoy son 1.298.
Del cielo al infierno
Los tiempos son sin duda muy distintos a hace cinco años, donde el paro marcó el punto más bajo de su historia apoyado en una construcción que llega a dar empleo a más de 120.000 personas en Málaga (ahora emplea a poco más de 60.000) y a un sector turístico que vivía algunos de los mejores veranos de su historia. Corría junio de 2005 y la provincia alcanzaba el feliz hito estadístico de contar tan sólo con 67.491 desempleados, algo que permitía a muchos hablar del ansiado objetivo del paro estructural, aquel que se considera inherente a cualquier mercado laboral y que se sitúa en el entorno del 7-8% de la población activa.
Por aquellas fechas en Málaga, la tasa de paro se situaba en un 9,9%, según los criterios de la Encuesta de Población Activa (EPA). A partir de ese momento, y aunque la bonanza continuó en 2006 y 2007, el paro en Málaga comenzó a repuntar. Y es que la provincia seguía creando empleo a ritmo de locomotora, sí, pero al mismo tiempo ejercía como un imán para tal número de personas (inmigrantes extranjeros incluidos) que no evitaba la subida del paro.
Todo se quebró definitivamente a finales de 2007. El terremoto de las hipotecas subprime en Estados Unidos se propagó rápidamente por todas las economías, provocando un riesgo de colapso en el sistema financiero y el estallido de la burbuja inmobiliaria, que en países como España había alcanzado proporciones gigantescas. La fecha de salida de la crisis es aún incierta. Málaga, que ha llegado a superar el pasado invierno el 30% de tasa de paro, está ahora mismo en el 28%; nadie sabe que ocurrirá a inicios de 2011.
El efecto de la reforma laboral
El Gobierno tiene su esperanza de crear empleo puesta, a medio plazo, en la controvertida reforma laboral. Sindicatos y empresarios, cada uno por diversas razones, son escépticos. El problema endémico de Málaga es aunque cada mes se registran gran cantidad de contratos –en septiembre hubo más de 48.000–, sólo entre el 4% y el 7% son indefinidos, incluso en estos últimos meses, con la reforma ya aprobada. La temporalidad en Málaga supera de largo del 40% y, en el caso de los jóvenes, ronda el 70%. ¿Es por la preponderancia de sectores como el turismo y la construcción, por una mala práctica empresarial o por un mercado laboral excesivamente rígido? Seguramente, por las tres cosas a la vez.
Nadie se pone de acuerdo
CCOO y UGT se quejan de la primera baza de la reforma laboral es permitir que las empresas puedan acogerse a «causas económicas» o «previsiones de pérdidas» para aplicar un despido procedente de 20 días por año trabajado, evitando así los 45 días de indemnización de un despido que, hasta ahora, sería declarado improcedente.
Los representantes de la CEM, por su parte, dicen que la reforma ha eliminado las bonificaciones para contratar de forma indefinida y claman por una rebaja de las actuales cotizaciones a la Seguridad Social, algo que consideran «un impuesto contra el empleo». Según sus datos, el pago de seguros sociales equivale al 24% del salario del trabajador y así, tal y como están las cosas, nadie se atreve a contratar, y mucho menos, a fijos.
