El Colegio de Abogados prepara el recurso a la multa de Junta

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, órgano de resolución y dictamen de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA), dependiente de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, ha sancionado al Colegio de Abogados de Málaga por limitar la distribución y el reparto de los servicios de asistencia jurídica gratuita en la provincia malagueña.

La sanción se impone al considerar demostrado que la entidad, mediante acuerdos de sus órganos de gobierno, ha establecido en sus Normas Reguladoras de la prestación de los servicios de Asistencia a Detenidos y Presos, Turno de Oficio y Servicio de Orientación Jurídica unos requisitos contrarios al artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia, y para los que no existe amparo legal.

Sin embargo, desde la institución colegial han asegurado, a través de un comunicado, que la Orden de 3 de Junio de 1997, publicada en el BOE de 7 de Julio, "expresaba que era necesario tener residencia habitual y despacho abierto en el ámbito del Colegio respectivo para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita", además de otros requisitos como acreditar más de tres años en el ejercicio efectivo de la profesión y haber realizado la Escuela de Práctica Jurídica.

Teniendo en cuenta esta disposición "y tras consultar al Ministerio de Justicia la vigencia de dicha normativa", el Colegio de Abogados de Málaga negó el acceso a un compañero de Granada que solicitaba prestar dichos servicios en el territorio de Málaga, "argumentando la Agencia Andaluza de la Competencia que a ella no le es de aplicación la citada Orden Ministerial", han relatado.

"Amparados en dicha Orden Ministerial le dijimos que no, porque era necesario que tuviera su despacho principal abierto en nuestro partido judicial", han insistido. Sin embargo, "frente al dictamen de Justicia que ampara esta Orden, Competencia rechaza la misma y aboga por que cualquier abogado pueda estar dado de alta en cualquier partido judicial o en todos los que quiera" ha señalado el decano de la institución colegial, Francisco Javier Lara.

En este sentido, ha sostenido que con la situación actual "no resultaría práctico" ya que "es imposible que pueda dar un servicio de calidad, además de suponer el primer paso para la privatización de la Justicia Gratuita".

Turno de oficio

Actualmente la liberación del turno de oficio es el foco de atención de los debates entre profesionales y el Ministerio de Justicia, "en los que se negocia tratar de impedirla en la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita", ha recordado.

Pese a que aún no se conoce el resultado final, la Junta de Andalucía, a través de su Consejo de Defensa de la Competencia y "adelantándose al resultado, al Ministerio de Justicia y a las demás comunidades autónomas, ha sancionado al Colegio de Abogados de Málaga por limitar la distribución y el reparto de los servicios de asistencia jurídica gratuita en la provincia malagueña", ha explicado.

"Aún no podemos creer que la Junta de Andalucía haya actuado de esta manera, pues es una contradicción ya que los dirigentes del PSOE se decían posicionar atacando al Ministerio de Justicia contra la liberación del turno de oficio", ha lamentado el decano.

Lara ha añadido, asimismo, que es "inconcebible" que la Junta de Andalucía "sea capaz de multar a la institución colegial, cuando estamos ante la única Comunidad Autónoma que mantiene un retraso de un año en el abono de los servicios del turno de oficio".

Ante esta situación, el Colegio de Abogados de Málaga y el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), preparan el recurso contra la sanción ante el Contencioso Administrativo. Además, a propuesta del colegio malagueño, el pleno del CGAE acordó que la sanción, en su caso, sería asumida por el Consejo General de la Abogacía Española, que ha hecho suyo el resultado, por lo que este afectará a todos los colegios profesionales.