La Policía Local de Málaga deja de instruir atestados de malos tratos y menores

Según el concejal de Seguridad, Mario Cortés, esta decisión se mantendrá hasta que la Policía Local se adhiera al convenio entre el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), cuyos trámites están en marcha. «Espero que se agilicen y que esas competencias vuelvan a la Policía Local, como ya ocurre en otras grandes ciudades», aseguró el edil, antes de destacar el trabajo que el cuerpo municipal realiza en estas materias desde hace 30 años: «Hacen muy buen trabajo y sus atestados están bien valorados».

Según datos del Área de Seguridad, sólo desde 2012 la Policía Local de Málaga ha detenido a 1.465 personas por asuntos de violencia de género o malos tratos en el ámbito familiar e instruido 1.735 diligencias. Del total de esos atestados, 1.686 fueron llevados a cabo por agentes del Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía Local, donde la noticia ha sentado especialmente mal. Fuentes de la unidad aseguran que las instalaciones del GIP quedaron ayer cerradas para las denuncias de este perfil y que la instrucción, salvo delitos flagrantes, es derivarlas a la comisaría de Policía Nacional más cercana, circunstancia que repercutirá directamente en la sobrecarga de trabajo de la plantilla de este último cuerpo. Por su parte, la treintena de agentes que forman el GIP seguirán en sus puestos hasta que se decida a qué jefaturas serán destinados. Algunos confían en que se llegue a un entendimiento, como ocurrió hace unos años cuando la Subdelegación del Gobierno retiró el permiso para que los agentes municipales pudieran patrullar de paisano. «Estaría bien conocer qué opinan sobre nuestro trabajo las asociaciones de mujeres maltratadas de esta medida», dice un agente. «Y el Colegio de Abogados, el Servicio Urgente de Atención a Mujeres Maltratadas (SUAMM), los servicios médicos del Materno, los Servicios Sociales del Ayuntamiento o la Fiscalía de Menores», añade otro. La presidenta de la plataforma de Violencia Cero, Sagrario Nieto, lamentó la medida: «El GIP está muy especializado y totalmente coordinado con el SUAMM, hacen acompañamientos estupendos», señaló, al tiempo que recordó que estos agentes están muy formados e implicados en lo que se refiere a la violencia de género, por lo que subrayó que no contar con ellos es «un desperdicio».

Tras la polémica decisión se encuentran las repetidas quejas que el alto mando de la Comisaría Provincial ha trasladado a la Comisión Provincial de Coordinación de Policía Judicial en las que han recalcado que el cuerpo municipal tampoco está suscrito al programa de protección a víctimas de violencia de género ( VioGen). Esto, según la misiva, está provocando «irregularidades» en la tramitación de atestados, presentación de detenidos, así como en el debido control y seguimiento obligatorio de las víctimas para determinar los obligados niveles de riesgo y evitar su desprotección. Al no estar adscrita al programa y por tanto no acceder a la aplicación que valora el riesgo al que se expone cada víctima que denuncia, el escrito advierte de que hay atestados que llegan a los juzgados de Violencia sobre la Mujer sin dicha valoración, «que es hecha por el personal de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional con posterioridad a la comparecencia judicial y que supone una segunda victimización para la denunciante». La exposición va más allá cuando subraya el peligro al que han quedado expuestas mujeres que, tras esa valoración, «han resultado ser de riesgo alto e incluso extremo».

La coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Rosa del Mar Rodríguez, muy sorprendida al conocer la noticia, apuntó que restar agentes que atienden a los casos de violencia de género perjudica fundamentalmente a las víctimas. «Si todo depende de que formen parte de VioGen, instaría a la Secretaría de Estado a que agilice el trámite para que los efectivos no desaparezcan», señaló.

En cuanto a los casos relacionados con menores, la comisión asegura que la Policía Local está llevando a cabo reseñas fotográficas a pesar de que a sus responsables se les ha informado de que supone una vulneración del Protocolo de Actuación Policial con Menores de la Secretaría de Estado de Seguridad. «Dicha instrucción establece que sólo tendrán acceso a los registros de menores las personas que participen directamente en la investigación de un caso en trámite o que, en ejercicio de sus competencias, autorice expresamente al juez o al fiscal de Menores, y también que la confección y tenencia de álbumes fotográficos de menores detenidos corresponderá a los grupos o equipos especializados en el tratamiento policial de Menores, y en su caso, a las unidades de investigación en esta materia». Sobre denuncias por fugas o desaparición de menores, también se afea a la Policía Local que sus agentes «no graban el señalamiento de Protección de Persona por cada menor desaparecido ni realizan la consiguiente difusión policial». El escrito, basándose en una conclusión de la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial, también advierte: «en el caso de que los jueces autoricen mediante resoluciones a las policías locales a realizar actividades propias de la Policía Judicial Específica al margen de lo previsto en la legislación vigente, dichas resoluciones serán recurridas de forma inmediata por la Fiscalía».