26 de noviembre de 2017
26.11.2017
Tribunales

Juzgan al expropietario de Aifos por tratar de evitar el embargo de bienes

La estrategia ahora perseguida era cambiar de empresa determinadas propiedades

26.11.2017 | 21:20

El Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga tiene previsto juzgar este lunes al que fuera administrador único de la promotora Aifos, por un delito de insolvencia punible por, presuntamente, traspasar a otra empresa, de la que también era administrador, bienes con el fin de ocultárselos a los acreedores y evitar embargos.

Este juicio se ha suspendido varias veces y en esta causa, que ha tenido más de ocho años de instrucción, la acusación la ejerce el despacho Ley 57 Abogados en nombre de sus clientes, que solicita para Jesús Ruiz Casado cuatro años de cárcel por, presuntamente, traspasar a otra empresa, de la que también era administrador, un total de 138 fincas. La Fiscalía no acusa. Así, la acusación particular en esta causa, dirigida por el letrado Carlos Cómitre, en representación de un matrimonio que compró una vivienda a la promotora, que nunca recibió, considera que el objetivo de Jesús Ruiz Casado para llevar a cabo ese traspaso era ocultar a los acreedores de Aifos, en liquidación desde finales de 2014, esos bienes y evitar acciones judiciales sobre los mismos.

Según el escrito de conclusiones provisionales del abogado, el acusado «diseñó y orquestó una aparente operación de dación en pago» de 138 fincas por valor de 17,2 millones de euros más IVA a otra sociedad de la que también era administrador. Se precisa que la mayoría de éstas estaba libre de carga, «frente al restante patrimonio de Aifos, que se encontraba hipotecado» en su mayor parte. De esta forma, se indica en dicho documento de la acusación particular, que estos bienes «se ocultaron a los acreedores evitando que los mismos fueron objeto de procedimientos de apremio y persecución en los más de 400 pleitos iniciados contra Aifos antes de que se orquestara la pretendida dación en pago».

Entre las fincas se encontraba, según consta en las conclusiones iniciales de esa parte acusadora, «el derecho de vuelo sobre la planta baja de tres bloques de la promoción Terrazas de Torreblanca», en Fuengirola, cuyo embargo preventivo se ordenó por un juzgado, aunque no se pudo trabar por esa dación en pago.

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