El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha iniciado una actuación de oficio ante el Ministerio de Defensa para conocer la eficacia del protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de género en las Fuerzas Armadas.
«Al Defensor del Pueblo le preocupa el aumento de casos y las carencias que se ponen de manifiesto en el informe del Observatorio de Vida Militar, conocido a finales de enero de este año», señala la institución en un comunicado, en el que pide «tolerancia cero» con el acoso.
Asimismo, solicita mayor protección a las víctimas de acoso en la tramitación de los expedientes sancionadores porque, en la actualidad, las víctimas solo pueden declarar como testigos, sin poder intervenir en el procedimiento ni recurrir a los tribunales si el asunto es archivado o no están conformes con sus conclusiones.
Uno de los casos más graves ocurridos en los últimos meses se sitúa en el acuartelamiento del Ejército del Aire en Bobadilla, Antequera, donde una soldado denunció haber sido agredida sexualmente por varios compañeros después de haber sido drogada. Después han salido a la luz más denuncias de acoso investigadas por tribunales militares, como los denunciados por dos mujeres soldado en cuarteles de Gerona y Palma de Mallorca o la alférez cadete de la Academia General Militar que denunció haber sido víctima de acoso sexual por parte de otro alumno de varios cursos inferiores.
Además, está en manos de la unidad de protección frente al acoso del Ejército el caso de la legionaria con reducción de jornada que fue expedientada tras negarse a participar en un desfile el día de la Inmaculada por tener que cuidar a su hija de dos años.
