El PSOE ha puesto hoy en conocimiento de la Fiscalía una exhaustiva documentación sobre la tramitación por parte de la Gerencia de Urbanismo de los casi 12.000 expedientes de infracción abiertos entre 2006 y 2016 con la petición de que el Ministerio Fiscal investigue esos procedimientos que en ese periodo no se habían tramitado y especialmente aquellos que hayan podido prescribir o caducar por la falta de actuaciones o impulso de los mismos. El PSOE es el tercer grupo que ha llevado a la Fiscalía la tramitación de ellos expedientes urbanísticos después de que antes lo hicieran Ciudadanos y IU Málaga para la Gente.
De manera destacada y dentro de esa amplia documentación que el PSOE ha aportado a la Fiscalía está la relativa a dos expedientes de infracción que consideran que han sido manipulados y duplicados. Se trata, según el PSOE de dos expedientes de infracción abiertos en la urbanización Villas del Arenal que ambos tienen supuestamente un expediente duplicado y que en el segundo de ellos, en ambos casos, se habría modificado el original y se habrían eliminado páginas del original que, ademas se habría vuelto a foliar. El PSOE pide investigar este caso que podría esconder un presunto delito de falsificación de documento público, y otros como el de prevaricación o cohecho impropio.
Como novedad el PSOE interesa a la Fiscalía para que llame a declarar a Salvador Romero, anterior jefe de negociado del servicio de Inspección, que también fue defenestrado por la actual dirección de la Gerencia de Urbanismo, junto a Teresa Domingo, Esther Sedano y Alberto Íñiguez, por entender que puede aportar información nueva y destacada respecto a los expedientes urbanísticos.
Por lo demás el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, Fernando Benítez, ha comenzado está mañana la investigación de este asunto, tras la primera petición al respecto presentada por Ciudadanos. El fiscal ha sometido a un exhaustivo y largo interrogatorio a dos de los ex jefes de Urbanismo a los que había llamado a testificar. Lo ha hecho en primer lugar Alberto Íñiguez, el anterior jefe de sección de Infracciones. Íñiguez ha declarado durante mas de dos horas al pormenorizado interrogatorio al que le ha sometido el fiscal, según las fuentes consultadas.
En sus declaraciones, además de ratificarse en lo que dijo ante la comisión de investigación de Urbanismo, ha detallado algunos pormenores sobre los que el fiscal tenía especial curiosidad jurídica. Posteriormente ha declarado la ex jefa del departamento de Disciplina Urbanística y Licencias, Teresa Domingo, que también ha testimoniado unas dos horas, ratificándose igualmente en todo lo que dijo en la comisión y pormenorizando algunos aspectos obligada por el meticuloso y pormenorizado interrogatorio del fiscal. La largueza de ambas declaraciones ha impedido que la tercera persona citada, Esther Sedano, anterior jefa del servicio jurídico de Inspecciones, haya podido testimoniar, po lo que se ha pospuesto a mañana.
También este martes está prevista la cuarta sesión de la comisión de investigación del Ayuntamiento sobre los expedientes de infracción abiertos entre 2006 y 2016. Comparecerá el alcalde, Francisco de la Torre, que finalmente ha accedido a acudir a esta comisión y someterse a las preguntas de los grupos municipales. También comparecerán Leonor Muñoz Pastrana, jefa del Departamento de Licencias y José Cardador, gerente de la Gerencia de Urbanismo.
El alcalde acudirá a requerimiento de IU-Málaga para la Gente, que quiere que De la Torre explique por qué «tapó» y permitió «los desmanes» que se han dado en la Gerencia de Urbanismo (GMU) con miles de expedientes sin tramitar.
Los concejales de IU-MPG acuden hoy a la sesión de esta comisión dispuestos a preguntar al coordinador de la GMU, José Cardador, qué base legal apoya que la concejala Teresa Porras recibiera expedientes o por qué el director de su distrito debe acompañar a los técnicos en su trabajo. También quieren saber para qué fue nombrado el denominado equipo B.
Para el portavoz de IU-MPG, hay hechos «muy graves», que, de confirmarse, tienen responsabilidades políticas que no pueden quedar impunes, y todo ello «independientemente de las actuaciones legales que puedan surgir».
