La decisión del Tribunal Supremo, que ha vuelto a cargar a los clientes el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, no ha dejado indiferente a nadie. Las convocatorias de manifestaciones, peticiones de dimisión y promesas de cambio de legislación se sucedieron ayer tras la corrección del fallo del Supremo, que vuelve a la jurisprudencia anterior favoreciendo los intereses de las entidades bancarias.
Facua-Consumidores en Acción ha convocado concentraciones a las puertas de los juzgados de toda España este sábado a las 18.00 horas para «defender la independencia del poder judicial», pues consideran que esta decisión «aberrante» ha sido tomada «tras las presiones de la banca». Asimismo, piden la dimisión del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y el de su Sala Tercera, Luis Díez-Picazo, por el «grave daño» hecho a la justicia. En la misma línea, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) calificó de «inaudita» la sentencia, y pidió un cambio en la ley para evitar que los bancos impongan todos los gastos al cliente. Asimismo, CCOO-A y UGT-A reclamaron la modificación de la Ley Hipotecaria «que lleva dos años parada en el Congreso». «De haberse resuelto por los políticos, no tendría que haberse dejado en manos de los jueces», dijo la secretaria de CCOO-A, Nuria López.
Decreto ley
En este sentido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que hoy se aprobará un real decreto ley de reforma del mencionado impuesto para que sean los bancos los que finalmente lo paguen. Por su parte, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, aseguró que el Gobierno andaluz tiene un paquete «potente» de medidas para paliar los efectos del fallo sobre los andaluces, aunque dijo que esperaría a que el Gobierno central tome primero sus decisiones. Díaz señaló que es «desconcertante» que el Alto Tribunal haya puesto a los bancos por delante de los ciudadanos «cuando todos hemos pagado el coste de la crisis, del rescate financiero» y las entidades «no han devuelto ni un céntimo». El presidente del PP-A, Juanma Moreno, criticó los «golpes de pecho» de Díaz y la instó a actuar «porque las comunidades tienen competencia para rebajar la presión fiscal». Así, se comprometió a relegar a la «mínima expresión» el impuesto si llega a ser presidente de la Junta.
Por otro lado, Díaz lamentó que este tipo de decisiones suponen el desprestigio de la institución. En esa misma línea, la secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Málaga, Violeta Aragón, subrayó que más allá de quién sea el sujeto pasivo del impuesto y de los cambios legislativos que se puedan realizar -porque de cualquier forma repercutirá en el cliente- lo preocupante es «la inseguridad jurídica» que se crea por situaciones así. También Cayetano Rengel, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Málaga, señaló como un «desastre total» y un «golpe bajo» para los ciudadanos la decisión e indicó que con esos vaivenes el Supremo crea desconfianza y da una «mala imagen». Igualmente, la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, hizo hincapié en la imagen que está dando el Supremo, «una de las instituciones más importantes», y apuntó que «la sensación es que a veces el Supremo está de parte de los poderosos».
Desde otra perspectiva, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, planteó que ante un asunto «tan controvertido» y la división del Supremo -la votación fue de 15 votos a favor y 13 en contra- «quizá abría que debatir sobre la derogación del propio impuesto» más que sobre quién debe pagarlo.
