La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga se enfrenta a una sanción de 6.000 euros impuesta por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía por la concesión de una licencia de demolición interior en dos edificios históricos decimonónicos (siglo XIX) protegidos dentro del BIC del Centro Histórico, sin pedir autorización ni contar con el informe favorable de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, que es obligado en este caso como exige la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, según ha denunciado el grupo de IU Málaga para la Gente.
Se trata de dos edificios, en la calle Comedias,18 y 20, que están siendo rehabilitados para albergar un negocio hotelero. En ambos casos cuentan con un grado de protección de tipo 1, que solo permite la rehabilitación integral, y en donde existen elementos que se tienen que proteger no solo en las fachadas sino también en el interior, como el pavimento cerámico, columnas, patios interiores, mármoles, carpintería y molduras, según consta en el catálogo de edificios protegidos del PEPRI Centro.
Según IU-MpG, la Gerencia de Urbanismo en marzo de 2017 otorgó licencia para la demolición interior de falsos techos, solerías y carpintería y tabiquería interior sin contar con la previa autorización de Cultura, una irregularidad por la que la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Málaga abrió un expediente sancionador al Ayuntamiento de Málaga, por una infracción tipificada en la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.
La Junta calificó la infracción como grave, con una propuesta inicial de multa entre 100.000 euros hasta 250.000, pero después de comprobar que no se han dañado elementos protegidos y de que se hubiera informado favorablemente en el caso de haber esperado al informe antes de dar la licencia, la multa de la Junta se ha rebajado a 6.000 euros, la mínima para una falta leve. Lejos de admitir esta irregularidad, la GMU presentó unas alegaciones manifestando su «total oposición» al procedimiento. Para ello alude a una resolución de la dirección general de Bienes Culturales de la Junta de 1992 (hace 27 años) en la que delegaba en el Ayuntamiento las competencias para «autorizar directamente las obras que afecten a inmuebles que no sean monumentos» y acusaba a la Junta de atentar contra la autonomía local. Cultura desestimó las alegaciones y procedió en una resolución firmada por la anterior delegada, Monsalud Bautista, en mayo de 2018, a imponer la sanción de 6.000 euros por conceder licencia sin autorización en un inmueble del Centro Histórico. La respuesta de la Junta deja en evidencia jurídica las alegaciones de Urbanismo y la califica de «alegato insostenible» al señalarle que la resolución de la dirección general de Bienes Culturales de la Junta de 1992 queda superada por la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía, de 2007 y por la aprobación del conjunto histórico de Málaga como patrimonio histórico, en abril de 2012, que determinan que «queda excluida la autorización directa por los municipios de las demoliciones de inmuebles del conjunto histórico.
La Junta hace referencia al artículo 33 de la Ley de Patrimonio Histórico que fija que «será necesario obtener autorización de la consejería en inmuebles objeto de inscripción como Bien de Interés Cultural», y más en concreto alude al artículo 38 de la ley, que hace referencia a las demoliciones y establece que no proceden las demoliciones en inmuebles del Patrimonio Histórico Andaluz, aunque excepcionalmente podrá admitirse, lo que «exigirá la autorización de la consejería competente en materia de patrimonio histórico».
Le recuerda al Ayuntamiento que también «se encuentra obligado a ajustarse a la vigente Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía» y en concreto a la «protección del conjunto histórico» y le reprocha no haberlo hecho en esta ocasión, cuando la Gerencia de Urbanismo «de forma habitual y sistemática» viene remitiendo a Cultura las propuestas que suponen demoliciones en el conjunto histórico.
La multa sigue hacia adelante si bien en Urbanismo estudian interponer un recurso contencioso administrativo.
Otra denuncia
IU también denunció ayer una «gravísima» infracción urbanística en la calle Echegaray, «ante la pasividad de la Gerencia de Urbanismo» que no ha actuado hasta tres años después. Se trata de un promotor que ha añadido una planta más en la que ha construido dos áticos con terraza en un edificio histórico protegido que solo permitía una rehabilitación integral en el entorno del BIC del Museo Picasso. El inmueble en cuestión está ubicado en el número 7 de la calle Echegaray y cuenta con protección arquitectónica de grado 1.
