Al igual que el resto de sectores, el potente segmento de la construcción y la promoción de Málaga, que aglutina a casi 60.000 trabajadores en la provincia, se enfrenta a un escenario de incertidumbre. Nadie sabe a ciencia cierta el efecto que la crisis del coronavirus tendrá a medio plazo en la venta de viviendas, aunque los empresarios, de entrada se muestran optimistas siempre que las administraciones públicas ayuden con diversas medidas de apoyo tanto a los compradores como a las empresas. Juan Manuel Rosillo, que preside desde hace más de un año la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), afirma que será este sector el que tire del empleo a corto plazo, incorporando incluso a trabajadores del turismo que este año no puedan trabajar en esta industria. La ACP publicó hace unos días un listado de propuestas para la elaboración de planes de acción municipales que reactiven la economía y el empleo.
El paro bajó en Málaga en mayo tras dos meses de grandes subidas, y lo hizo gracias a la construcción. Ustedes dicen que su sector será el que tirará del empleo en esta coyuntura marcada por la pandemia, ¿por qué están seguros de que será así?
Porque somos un sector que ha demostrado en época de crisis ser capaz de aportar mano de obra de forma rápida. Ahora mismo son casi 60.000 los empleos que dependen de la construcción y la promoción inmobiliaria en la provincia. Entendemos que hay una oportunidad para acoger a incluso trabajadores de otros sectores que puedan tener más problemas para reincorporarse a corto y medio plazo. Podemos ser parte de la solución de los problemas que ha generado el coronavirus, ya que hay una crisis de empleo, pero siempre que las administraciones y los políticos tomen las medidas de apoyo que les estamos solicitando.
Cuando habla de otros sectores, me imagino que se refiere al turismo y la hostelería, que este verano parece que tendrán una actividad inferior a la habitual. De hecho, muchos trabajadores de la industria turística eran de la construcción y se reconvertieron tras la crisis de 2008.
Efectivamente. Ese vaivén de personal entre un sector y otro ha sido tradicional. Muchas personas que estuvieron en la construcción han ido a la hostelería en alguna época y han vuelto en otras. Si se dan las circunstancias necesarias, podemos ser un motor de crecimiento en esta difícil situación, generando en el sector un entorno de seguridad y haciendo crecer aún más el empleo.
Decían hace un par de años que había falta de mano de obra cualificada, ¿lo han resuelto?
El mercado laboral de la construcción consolidó en 2019 la actual fase de crecimiento que se inició en años anteriores, que fue muy rápido y donde hubo problemas para encontrar mano de obra cualificada ante ese gran repunte de actividad. Al final, conseguimos dotarnos del personal necesario para trabajar con los actuales volúmenes de negocio, por lo que hablamos ya de un mercado normalizado y casi de pleno empleo en el sector. En este 2020, hasta que estalló la crisis del coronavirus teníamos la previsión de consolidar aún más esa situación.
¿Se ha retomado ya el ritmo de las obras al 100% en Málaga y la Costa del Sol?
A corto plazo, las obras que estaban ejecutándose y que se pararon por las órdenes del Gobierno se han retomado de forma normal, garantizando todos los protocolos de seguridad y salud para nuestros trabajadores. La duda es el medio y largo plazo porque nuestro mercado, como cualquier otro, funciona en previsión de cómo marchará la economía el próximo año.
Comentaba hace unas semanas en este mismo periódico que el mercado de la vivienda no se normalizará hasta mitad o finales de 2021. De momento, las ventas en este 2020 caen un 22%, arrastradas por las grandes bajadas de marzo y abril, donde el confinamiento ha restringido las operaciones ¿Cuál es su visión?
La media normal en Málaga es que se cierren unas 2.500 operaciones de compraventa de vivienda al mes. De enero a abril tendríamos que estar en unas 10.000 operaciones y estamos en unas 8.000, con una caída del 20%. Enero y febrero fueron meses normales pero en marzo y abril, evidentemente, ha habido caídas por la imposibilidad física de que los compradores haya podido cerrar operaciones en las notarías. Creo que retomaremos pronto la media de venta de vivienda en Málaga, una vez se normalice la posibilidad de poder ir al notario. Así que el objetivo sigue siendo poder acercarnos a las 30.000 compraventas en el conjunto del año. Es cierto que las perspectivas para 2021 dependerán mucho de si esta crisis, que es coyuntural, se transforma en una estructural, que es lo que nadie desea. Por eso proponemos medidas para que el próximo año sea de recuperación, y no de crisis. Está claro que hay clientes que se verán afectados por la situación laboral. La compra de vivienda es una decisión importante a lo largo de la vida de una persona y se planifica con mucho tiempo. Hacemos hincapié en que se tomen medidas extraordinarias de apoyo al comprador.
¿Qué pasará con los precios? En la ACP dicen que no van a bajar, pese a que la actual situación de incertidumbre sugiere que puede haber menos demanda de los clientes, dado que algunas compras pueden aplazarse.
Eso es entrar en una situación especulativa. Siempre hay gente que puede jugar con la evolución del mercado. Nosotros, lo que intentamos transmitir a nuestros compradores, es que estamos en una fase de estabilización de precios respecto a años anteriores. Hubo grandes subidas entonces porque veníamos de valores muy bajos de la época de la crisis económica. Vamos a seguir siendo en Málaga fieles a nuestro modelo, que es el de una oferta de vivienda de calidad a un buen precio y dentro de un entorno jurídico seguro, tanto para nuestros compradores nacionales como internacionales. Queremos evitar especulaciones que no nos van a llevar a nada; al contrario, sólo nos llevarían a profundizar más esta crisis, que debe ser temporal. Las administraciones pueden tomar medidas para evitar esos mercados especulativos que no aportan nada positivo, ni a los compradores, ni al sector.
Piden ustedes medidas que faciliten el acceso a la vivienda de los ciudadanos con el fomento de la colaboración público-privada para construir casas asequibles en alquiler y venta. También proponen crear avales públicos a la entrada a la vivienda.
Son medidas necesarias para evitar una crisis a medio y largo plazo. Hay que apoyar el acceso a la vivienda del ciudadano. Vemos que una pareja de jóvenes pueden soportar una hipoteca de 700 u 800 euros pero tiene la barrera de la entrada, que les exige un ahorro previo del 20% del coste total de la vivienda. Sería una medida que no costaría dinero a las administraciones, con una línea de avales que cubriera esa entrada.
Destacan además la necesidad de apoyar al turismo residencial al ser Málaga, tras Alicante, el destino nacional preferido de los extranjeros para implantar su residencia. Dicen que competidores como Portugal han puesto en marcha incentivos que no existen en España y solicitan un estímulo fiscal a los nuevos empadronamientos.
El turista residencial en Málaga y la Costa del Sol supone prácticamente el 30% de las ventas totales de viviendas. Son casi 8.000 operaciones al año. Líneas como la exoneración o bonificación del IBI durante cinco años para los nuevos empadronamientos en municipios podría ser una medida que aportase certidumbre e iniciativa. Los marcos fiscales deben ser también amables con la actividad productiva y la inversión. Se trata de prorratear los costes asociados a la inversión constructora como son los ICIO o las tasas de actuaciones urbanísticas, de licencia de primera ocupación o el impuesto de actividades económicas (IAE). Todas estas medidas deben favorecer la inversión y generar un entorno de confianza al inversor.
¿Vienen tiempos de menos compras por parte de extranjeros en la era post Covid-19? ¿Hay que trabajar por garantizar la seguridad sanitaria en la marca Costa del Sol?
Puede ser. Nuestras administraciones y nuestros políticos deben trabajar en campañas internacionales para posicionar a Andalucía y a Málaga como un destino seguro en inversión y en turismo. Contamos con un excepcional sistema sanitario que, además, cuenta con la experiencia de haber vivido ya esa pandemia. Tenemos plazo suficiente para establecer estas medidas que garanticen seguridad frente a posibles rebrotes y que generen confianza. Deben hacer el esfuerzo de contar que somos un destino seguro. Nuestra cultura, nuestros servicios y nuestras infraestructuras son de calidad, y todo eso no ha cambiado. Y debemos ser fieles a este modelo de calidad, que es el que ha venido funcionando, también en el sector promotor.
¿Habrá más competencia con otros destinos?
Portugal es un ejemplo muy cercano que ha sabido tratar correctamente la crisis sanitaria. Y ya venían trabajando muy bien con esos entornos fiscalmente amables para la inversión, como prueba el desarrollo de la zona sur, en el Algarve, que es ya competencia directa de la Costa del Sol. Han implantado medidas como la eliminación del impuesto de patrimonio, algo que también hemos pedido a nuestras administraciones. Ese impuesto recauda en Andalucía unos 100 millones cuando el turismo residencial mueve en la comunidad más de 5.000 millones. Debemos seguir siendo el destino favorito de la mayoría.
¿Va a cambiar el modelo de negocio de las inmobiliarias? ¿Las visitas virtuales a las viviendas pueden sustituir a las presenciales?
La tecnología se ha incorporado al 100% a los canales de venta. Pero es cierto que al final la experiencia de compra de una vivienda está relacionada muy directamente con palpar físicamente el lugar para apreciar el diseño, los materiales, la parcela, la orientación y el entorno. Aún así, se ha ganado mucho en dar al cliente toda la información previa por vía telemática para que, cuando llegue la visita física la vivienda, haya mucho trabajo adelantado. Una persona que esté ahora en Francia, Reino Unido, Alemania o Italia, mercados tradicionales de la Costa del Sol, puede ver una información muy completa de nuestras promociones. Antes no había nada de eso. También hemos percibido que el confinamiento en los hogares ha sido aprovechado por muchos clientes para hacer consultas por internet en la web de las promotoras e inmobiliarias.
Entiendo que nadie se atreve a comprar una casa sin visitarla.
A día de hoy, no. Se ha avanzado mucho en la percepción del producto y garantizamos toda la seguridad en el proceso, pero la mayoría de los compradores necesitan el momento de tener antes un contacto real con la vivienda, sobre todo el cliente internacional, que es el que conoce menos la zona, porque igual ha estado aquí sólo una o dos veces.
La ACP reclama una necesaria agilización en las licencias de obra y en la tramitación de informes internos vinculados a las licencias urbanísticas. Este parón que ha generado el coronavirus por el estado de alarma, ¿ha provocado una demora administrativa en los proyectos?
Todas las administraciones han hecho un esfuerzo en seguir teletrabajando y en no paralizar la tramitación. Hubo un error inicial del Gobierno de paralizar las mesas de contratación, pero luego se subsanó. El objetivo pendiente de todas es la digitalización de sus administraciones, en eso la empresa privada les llevamos mucha ventaja. La manera de relacionarnos con la administración debe ser mucho más ágil, empezando por la simplificación y eliminación de tantas trabas burocráticas. Un ejemplo es la declaración responsable, que da por hecho que el sector es lo suficientemente profesional para entender la legislación a aplicar. Lo hemos conseguido tras mucho tiempo para el tema de la licencia de primera ocupación. Queremos avanzar en ese espíritu en el resto de procesos.
Otra de sus propuestas se centran en el incremento de la inversión en infraestructura para 2021. Málaga lleva años moviéndose en el entorno de los 200 o 300 millones al año, cuando en los años del boom se superaban los 1.000 millones ¿Qué cantidad entenderían como razonable para la provincia?
Es momento de inyectar liquidez a través de la obra pública para que las empresas del sector puedan mantener a sus trabajadores y generar más empleo. Venimos de años de caída de la inversión. Málaga es el 20% del Producto Interior Bruto de Andalucía y el 20% del empleo. Es fundamental, y más en estas circunstancias, que tengamos al menos el mismo porcentaje en inversión en obra pública, sumando todas las administraciones. También queremos que las tramitaciones de obras con los ayuntamientos se hagan por urgencia, lo que reduciría los plazos para ejecutarlas lo antes posible y así asegurar el empleo en las empresas.
Han criticado muchas veces las adjudicaciones a la baja que hacen las administraciones de sus obras. Es decir, que cogen la oferta más barata aun sabiendo que a ese coste es complicado que la calidad en la ejecución de la obra sea óptima.
Entendemos que cuando 25 o 30 empresas estudian una obra el precio medio de todas las ofertas es un precio justo. Lo que no tiene sentido es que una administración las termine adjudicando a un precio injusto, con rebajas temerarias que no aportan valor a ninguna de las partes, ni al sector ni a la propia calidad de la actuación. El objetivo de la administración debe ser ayudar a que el sector constructor sea de primera línea.
Reclaman exoneraciones o bonificaciones de impuestos a las empresas del sector para superar este difícil momento, ¿pueden desaparecer negocios, como en el resto de sectores, si no se aplican estas medidas?
Todo es posible. Como empresarios tenemos que ser optimistas. No estamos en una crisis de modelo productivo que nos obligue a reinventarnos. Estábamos haciendo bien las cosas y queremos seguir haciéndolo así. En este sentido, todas las barreras que haya son susceptibles de poderse cambiar, y es cierto que pedimos que se nos ayude en la tesorería, que la tenemos muy tocada por la paralización que hemos sufrido. Todos los impuestos y tasas que se puedan prorratear, exonerar o bonificar.... es el momento de hacerlo como medidas excepcionales ante una crisis que es de por sí excepcional. Ya habrá tiempo de retomarlas.
