"Prevemos que la morosidad en las comunidades de vecinos suba este año"

Manuel Jiménez Caro fue elegido el pasado mes de diciembre nuevo presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla y arranca su mandato con el deseo de recuperar para el colectivo un prestigio que quedó manchado con la detención en 2019 del expresidente Fernando Pastor, acusado de un presunto desvío de fondos de alguna de las comunidades que administraba.

¿Afectó el caso de Fernando Pastor a la imagen del Colegio?

Sí, claro, lo hizo gravemente. El hecho de que esta persona esté inmersa en esta investigación, que sigue en proceso judicial, mancha mucho a nuestro colectivo. Tenemos que defender, porque en realidad es así, que la inmensa mayoría de los administradores es gente decente, honrada y transparente, que trabaja pensado en el interés de los vecinos. Pero hay garbanzos negros, como en todas las profesiones, y nuestro esfuerzo debe ir encaminado a que, por lo menos, estas personas no puedan trabajar desde el Colegio. En Málaga somos más de mil administradores colegiados y esos garbanzos negros pueden ser cuatro o cinco pero, claro, lo que hagan es siempre muy significativo y más, si como ha ocurrido, lo ha hecho siendo presidente del Colegio. Es un menoscabo de la confianza que los vecinos le tienen a la figura del administrador. Así que echaremos a aquellos administradores que acumulen una serie de quejas y en los que se aprecie que no actúan por el interés de sus vecinos.

¿Qué otras prioridades se marca como presidente?

Necesitamos también recuperar la confianza de las instituciones, porque todo esto también nos ha perjudicado en ese sentido, y entrar además en un proceso de modernización para que el Colegio se convierta en un centro de servicios para el colegiado. Sufrimos el riesgo de convertirnos en administraciones anacrónicas, meramente corporativistas, y dar herramientas y ventajas al colegiado que eviten el intrusismo. Estar en el Colegio debe ser visto como algo útil, así lograremos que se colegien más profesionales. El de Málaga es el primero de Andalucía en número de integrantes y el tercero de España tras Madrid y Barcelona, pero podemos ser muchos más. Hay mercado de viviendas para ello.

¿Cómo ha afectado el coronavirus a su actividad?

Nos ha exigido mucho esfuerzo. Hemos sido la correa de transmisión a los vecinos de todas las normativas y reglamentos que se han aprobado. También hemos sido considerados esenciales para mantener los servicios básicos de los edificios de viviendas durante las fases de confinamiento. Nos ha faltado, de alguna manera, cierta definición legislativa para regular diversas cuestiones, por ejemplo, la celebración de las juntas de vecinos. Otras regiones las han prohibido en este tiempo, pero en Andalucía no, y sólo se hicieron recomendaciones. Nosotros, en concreto, las hemos desaconsejado (salvo las urgentes e imprescindibles), porque era muy difícil asegurar que no hubiera riesgos, con edificios donde se suelen celebrar en los mismos portales.

¿Hay más morosidad en las comunidades de vecinos por las dificultades económicas que están sufriendo muchas familias (paro, ERTE, negocios de capa caída, etc)?

No tenemos datos al respecto pero la sensación es que, por ahora, la morosidad no ha subido, hay normalidad. Eso no quita para que eso suceda en 2021, es más, prevemos que va a ser así. Todo dependerá del comportamiento del empleo. En esos casos, el administrador actúa como mediador. Tenemos que hacer todo lo posible para que las cuotas vecinales se cobren, pero siempre existe el paso previo, antes de ir a un proceso judicial, que la deuda de un propietario se vea en la junta de vecinos. Allí se miran las circunstancias del deudor, y suele haber mucha comprensión porque todos se conocen. Se le dan facilidades para enjugarla.

Luego está el moroso profesional, que esquiva pagar simplemente porque no quiere.

Sí. Es difícil cobrar a este tipo de personas porque muchas veces no tienen cuentas a su nombre, trabajan en la economía sumergida. Suelen acumular diversas denuncias de la comunidad de vecinos, pero tratamos de ser diligentes para lograr el cobro.

El mercado del alquiler de viviendas turísticas también se ha visto muy afectado este año, ¿cómo ven este fenómeno, que tanta controversia origina en cuanto a convivencia entre vecinos e inquilinos ocasionales?

Estamos en conversaciones con el Ayuntamiento de Málaga y con la asociación de viviendas turísticas AVVA para lograr una regulación. Nuestra posición es que debe haber cupos por zonas para que haya un cierto coto a este tipo de actividad. Supongo que se buscará un consenso. Hay un interés legítimo del propietario por explotar sus viviendas, pero eso hay que hacerlo compatible con el bienestar de los vecinos. Crean muchas molestias y no se pueden considerar un arrendamiento urbano normal. Es más una actividad económica.

Ustedes reclaman que haya un límite al número de viviendas turísticas.

Somos partidarios de que haya cupos por edificios y por zonas. Está claro que en la zona Centro debe haber más permisividad, por el interés que genera, por el tejido terciario y de hostelería que concentra, ... pero lo que no es comprensible es que en un edificio residencial haya un 50% de viviendas turísticas, porque eso es un infierno para el otro 50% que no alquila. No queremos prohibir, pero sí cupos para buscar un modelo de ciudad ¿Tiene sentido que haya viviendas turísticas en zonas como Las Delicias, La Luz, Ciudad Jardín, u otras?

¿Están bajando los problemas de convivencia que originan a veces este tipo de pisos?

Se ha mitigado porque la actividad de las viviendas turísticas y la afluencia ha bajado un 70% este pasado año, pero sigue habiendo problemas y molestias. En todo caso, es verdad que ese segmento se está profesionalizando cada vez más. Es decir, los propietarios que alquilan se lo toman como un negocio, y por eso se preocupan de hablar con el administrador de fincas del edificio, de estar informado de las quejas y reclamaciones y tienen más miramientos con las plataformas donde anuncian sus viviendas. Nosotros siempre vamos a estar del lado del residente.

Cambiando de tercio, ¿qué soluciones hay para atajar el problema de la okupación?

Es un problema legislativo. Los jueces dicen que hay suficiente normativa como poder desahuciar de forma rápida un piso okupado ilegalmente, pero si hablas con la policía te dice otra cosa. Y si hablas con propietarios afectados más todavía. Necesitamos que se garantice el desalojo rápido de una vivienda okupada. Cada vez se interviene con más rapidez y eficacia pero hay veces donde las normas los incapacitan para actuar. Y también hay que actuar con políticas sociales para que las personas que acuden a la okupación por necesidad tengan otras salidas. Lo preocupante es que esto se convierta en un negocio donde algunos okupen viviendas con total impunidad para luego vender las llaves.

Hace unos años quisieron promover un convenio colectivo para los trabajadores de comunidades de vecinos de Málaga ¿Piensa retomar la idea?

Sí, hemos creado una comisión de trabajo con ese fin. El convenio esta prácticamente elaborado, incluso con una puesta en común con los sindicatos que en su día les pareció correcta. Estamos sólo a la espera de poder formalizar la firma solventando algunos trámites. Digamos que el Colegio actuaría como patronal en este caso. Nuestro deseo es que se firme en este 2021.