Un vecino de la capital escribe a este cronista un correo: «En 2021, en pleno estado de alarma, y a pesar de la dura crisis por la que estamos atravesando en Málaga, los políticos parece que no se quieren enterar y siguen aplicando una normativa muy injusta, que impide conceder las prórrogas de las ayudas al alquiler de viviendas, a los que se las concedieron en 2020. Es lo que le ocurre a mi inquilino, un vendedor ambulante de Gambia, con permiso de residencia y que cotizaba de autónomo hasta hace nueve meses, en que no pudo vender en los mercadillos y su mujer también está en el paro, dada de alta en demanda de empleo». Dice este vecino, que alquila una vivienda a una familia gambiana, que el IMV le dijo que su inquilino «ha de acreditar que ha hecho algún curso de formación y que ha tenido una actitud de búsqueda activa de empleo, como dice la normativa, y si no lo presenta este mes (el correo es de enero), no le prorrogan la ayuda».

Este inquilino paga la parte del alquiler que le corresponde, pero no puede hacer frente a los 700 euros mensuales íntegros. La norma, dice este vecino, actúa como «cuello de botella». Existe una diferencia importante en los planes de ayuda hechos hace unos años y el último, por ejemplo, publicado en el BOP de 24 de marzo de 2020. Los miembros de la familia se comprometen a realizar una búsqueda activa de empleo. Eso también se pedía antes, y se comprobaba, pero había una salvedad contenida en la frase: «Salvo que, por razones justificadas, no haya podido cumplir con este requisito...» (esta frase sí estaba, por ejemplo, en el plan de ayuda al alquiler, el segundo, publicado en el BOP de noviembre de 2018). Ello significa que «no están teniendo en cuenta que 2020 ha sido un año especial, por el estado de alarma, y quieren aplicar la normativa a rajatabla».

Nos ponemos en contacto con el Consistorio, quien ofrece estos datos: hay 527 familias beneficiadas por los planes de ayuda al alquiler activos en 2020 pero que se iniciaron en años anteriores; en 2020 se han concedido prórrogas a 121 familias; y, en cuanto a los nuevos planes iniciados en 2020, estos han beneficiado a 11 familias. En total, la suma de familias beneficiadas por las ayudas al alquiler es de 689 con un coste superior a los 2,55 millones de euros. La suma es importante, pero las ayudas concedidas en 2020 son solo 11. «Las familias que renuevan o prorrogan su plan deben acreditar que han seguido y cumplido el itinerario de inserción sociolaboral que le diseña una de las tres ONG que integran el plan de emergencia, que no sólo consiste en ayuda al alquiler, sino una división laboral. Estas ONG son Cruz Roja, Secretariado Gitano y Arrabal, que trabajan con las familias beneficiarias de un plan de ayudas para su formación, reparación e integración laboral mediante itinerarios habituales», dice el Consistorio. Alicia Murillo, edil socialista, ha analizado con profundidad el asunto.

Desde 2015, hay cinco planes de ayuda al alquiler. En total, los datos recabados por esta concejala suman 402 familias beneficiarias de todos los planes. «Cabe recordar que cuando se puso en marcha el primer programa se beneficiaron 791 familias. En las sucesivas prórrogas se puso como requisito para acceder al plan haber sido beneficiario del primero, por eso decimos que es un plan extincionista, nacido para morir». Apenas se atiende ahora, dice, a la mitad de las familias. Y expone sus críticas: «una familia va a ser desahuciada, pide cita para ser atendida en el IMV y tardan un mes en verlos; el quinto plan sólo te lo dan si estás en condiciones muy extremas, básicamente en situación de desahucio, han endurecido los requisitos; este plan lo han pedido 325 familias y sólo se lo han aprobado a 11». Y hay más: «No pueden ser beneficiarias familias que hayan recibido un plan de alquiler anteriormente. Es un nuevo requisito que deja en situación de desamparo a todas las familias que vienen recibiendo la ayuda desde 2015.

El Ayuntamiento no tiene otro recurso que ofrecer que no sea el plan del alquiler, porque el parque público de vivienda está totalmente ocupado y hay 1.900 familias en situación vulnerable en lista de espera». Asimismo, aclara la edil del PSOE, en el quinto plan han cambiado de proceso, «antes se hacía una especie de preconcesión de la ayuda y tú buscabas la casa. Cuando la encontrabas se materializaba la ayuda. Ahora no es así, hay que ir con la casa buscada». Las familias están indefensas, dice, con estos requisitos, porque han de buscar un alquiler sin ni siquiera saber si el IMV les «va a conceder la ayuda». «Sufren un gran estrés». Paqui Macías, portavoz adjunta de IU y Podemos, califica de «desastre» esta política, «sólo se han concedido 11 ayudas de las 325 solicitadas en el último plan». Y añade: «Se les exige una búsqueda activa de empleo en plena pandemia, lo que es una barbaridad». Y denuncia que antes de que les concedan la ayuda a los beneficiados han de presentar un precontrato. «Es vergonzante y triste». Su formación propone crear un Índice Municipal de Precios en el que se inscriban los propietarios y se les proporcionen a cambio ayudas fiscales, a la rehabilitación o servicios de mediación; incrementar la ayuda mensual a 750 euros y lanzar un programa joven de vivienda, medidas dotadas de cinco millones de euros. Asimismo, reclama incluir en las cuentas 15 millones de euros para comprar 150 viviendas destinadas a familias vulnerables por el Consistorio, reforzando la Oficina del Derecho a la Vivienda con cinco empleados. Esta situación necesita una revisión urgente y adecuada al drama de muchas familias.