Málaga es la provincia andaluza en la que más testamentos vitales se han solicitado desde 2004, cuando se creó el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía. En los últimos 17 años, en la provincia se han realizado 10.890 peticiones, el 23,6% de lo solicitado a nivel autonómico, en total, 46.037 testamentos.

El año pasado, en la provincia se inscribieron 522 testamentos vitales, que comparado con los registros de 2019, previo a la pandemia, supone un descenso de 377 documentos. El año que menos testamentos se pidieron fue en 2012, con 212.

La Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) explica estas cifras debido, por un lado, a que la población extranjera residente en Málaga, con mayor información sobre la eutanasia, tramita más estos documentos, así como a la labor de difusión de este colectivo, que no está presente en todas las provincias andaluzas.

Este documento, el de Voluntades Vitales Anticipadas, ha cobrado especial relevancia este último año tras la aprobación de la Ley de la Eutanasia en junio, ya que permite a una persona solicitar la prestación de ayuda para morir aún cuando «no se encuentra en el pleno uso de sus facultades ni puede prestar su conformidad libre, voluntaria y consciente», tal y como recoge el texto.

Aprobación del decreto

Esta semana, el Consejo de Gobierno aprobó el decreto que regula la Ley de Eutanasia en Andalucía -fuera del plazo de tres meses que recoge la normativa estatal para la creación de los organismos autonómicos que velarán por su funcionamiento- que entró en vigor tras su publicación el BOJA este jueves.

DMD asegura que en Andalucía hay diez personas que están a la espera para iniciar los trámites de esta prestación. De ellas, cuatro están en Málaga y son pacientes de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y cáncer terminal.

Esta asociación denuncia que Andalucía, junto a Madrid, son las únicas comunidades en las que los pacientes que ya cuenten con un testamento vital-previo a la aprobación de Ley de la Eutanasia- donde indican que cuando exista esta prestación quieren acogerse a ella, tendrán que actualizar el documento.

«En aquellos casos en los que hubiese expresado dicha voluntad de acogerse a la eutanasia en determinadas circunstancias, y lo hubiera expresado antes de la publicación de esta Ley, deberá actualizar el documento de Voluntades Vitales Anticipadas para hacer constar y actualizar dicha voluntad en tal sentido», indica la Consejería en su página web, aunque no se hace mención explícita en el decreto Decreto 236/2021, de 19 de octubre.

«Eso deja fuera a un montón de personas que por falta de información no se van a enterar y a otras que ya no tienen capacidad cognitiva para poder modificar un testamento vital. Se va a dejar de atender la voluntad de personas que ya la habían reflejado en tiempo y forma en un documento oficial», denuncia Eva Camps, presidenta de Derecho a Morir Dignamente en Málaga.

Comisión y registro de objetores

Mediante este decreto se crean dos figuras esenciales en la aplicación de la eutanasia y recogidas en la ley estatal. Por un lado, la Comisión de Garantía y Evaluación, que examinará las prestaciones y resolverá las reclamaciones. En Andalucía, este órgano tardará 15 días hábiles en conformarse desde la entrada en vigor del decreto, es decir, hasta la segunda semana de noviembre aproximadamente y, además, tendrá un mes para aprobar el Reglamento de Régimen Interno.

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía confirmó a este periódico que, pese a que esos dos trámites siguen pendientes todavía, desde la entrada en vigor del decreto, cualquier andaluz que lo desee puede iniciar los trámites para pedir la prestación.

«Tanto un médico puede ya objetar como un paciente puede pedir la ayuda para morir», aclararon. «La Comisión de Garantía todavía no está configurada pero es un trámite muy sencillo que a lo mejor la semana que viene ya está».

En este sentido, la presidenta de DMD Málaga no cree que la ley pueda seguir sus pasos aún. «Es cierto que la persona puede firmar el formulario con su médico pero el médico no sabe qué hacer con ese formulario firmado. No es viable», denuncia Camps.

La Comisión de Garantía y Evaluación verificará las prestaciones de ayuda a morir

Te puede interesar:

La Comisión de Garantía y Evaluación está encargada, entre otras funciones, de verificar las prestaciones de ayuda a morir y resolver las reclamaciones cuando el médico responsable deniegue su solicitud. En Andalucía, estará compuesta por 13 personas designadas por la Consejería de Salud. Además de la presidencia y la vicepresidencia, habrá 11 vocalías: cuatro médicos, al menos un especialista en Psiquiatría y Medicina de Familia; cuatro titulados en Derecho con una experiencia mínima de cuatro años en derecho sanitario y tres enfermeros. DMD calcula que en la región se realizarán unas 12 eutanasias a la semana por lo que ve insuficiente la plantilla. «Son demasiado pocos, va a haber una carga de trabajo para esas personas».

El Registro de Profesionales Sanitarios Objetores de Conciencia será confidencial

Tal y como recoge la Ley de Eutanasia, los profesionales sanitarios podrán negarse a «colaborar en el acto de ayuda médica para morir», por lo que se protege su derecho a la objeción de conciencia.

Así, se crea el denominado Registro de Profesionales Sanitarios de Objetores de Conciencia, que contará con las garantías de confidencialidad y en el que «se inscribirán las declaraciones de objeción de conciencia para la realización de la misma, que tendrá por objeto facilitar la necesaria información a la Administración sanitaria para que esta pueda garantizar una adecuada gestión de la prestación de ayuda para morir», según el decreto andaluz.