Málaga pone en marcha la figura del coordinador parental en los juzgados

En España se registraron 36.337 demandas de divorcio en el 2021, un 0,7% más respecto al año anterior, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Esta falta de consenso junto a la creciente demanda de la custodia compartida de los menores está provocando procesos de alta conflictividad entre las familias. Todo ello sin contar con el elevado daño psicológico y emocional que causan a los hijos. De hecho, tal como ha explicado la decana del Colegio de Psicología de Andalucía Oriental, Mariela Checa, se estima que cerca de 20.000 menores españoles se ven afectados como consecuencia de los conflictos de alta intensidad de sus progenitores.

Como respuesta a este problema, la Universidad de Málaga y la Junta de Andalucía han desarrollado un proyecto piloto para implementar la figura del coordinador parental en los Juzgados de Familia de Málaga, que empezará a funcionar el próximo 1 de junio y tendrá un periodo de desarrollo de un año.

Las pioneras de este proyecto: la profesora de Derecho Procesal Yolanda Luchi y la coordinadora del Servicio de Atención Psicológica de la UMA, Mariela Checa, junto con el director general de Justicia Juvenil y Cooperación de la Junta de Andalucía, Francisco Ontiveros, presentaron oficialmente esta iniciativa en la Ciudad de la Justicia de la capital durante la semana del 16 al 22 de mayo a la que asistieron, entre otros, varios jueces de familia y varios jueces de violencia.

Mariela Checa, una de las coordinadoras del proyecto y miembro de la Asociación Filio, ha asegurado que el objetivo de este proyecto es implantar la figura del coordinador parental en los casos en los que los jueces, ya sean de familia o de violencia, consideren que existen un alto nivel de conflictividad familiar, es decir, en los casos donde existan largos procesos contenciosos de denuncias entre ambos progenitores, haya menores muy afectados a nivel emocional, menores que sean utilizados en el conflicto o donde se produzcan interferencias parentales ya sea de forma consciente o inconsciente.

La figura del coordinador parental ofrece un servicio alternativo de resolución de disputas centrado en el menor. «Nosotras con esta figura pretendemos paliar estos efectos y a su vez dar herramientas e instrumentos a las familias para que puedan resolver sus conflictos de forma excepcional y adaptativa sin que haya daños colaterales», ha aclarado Mariela Checa. Además, este servicio va a suponer una figura novedosa en Andalucía, ya que es el primer proyecto piloto de resolución de conflictos para este tipo de familias que se ofrece en la comunidad autónoma.

En un principio se formarán tres equipos multidisciplinares compuestos por dos personas cada uno -un abogado y un psicólogo especializados en la coordinación de parentalidad-, a los que los jueces de Familia o Violencia de Málaga remitirán los casos.

Dichos grupos de trabajos no funcionarán por sesiones, sino que actuarán conforme vaya siendo necesario para cada familia. «La duración media de un proceso de parentalidad está entre seis meses y un año, aunque puede variar dependiendo de las familias», ha reconocido Checa.

El proyecto tendrá un seguimiento para desarrollar una valoración y una memoria con los resultados finales, con el objetivo de comprobar la efectividad de estas figuras. Si el proyecto consigue los resultados deseados, Mariela Checa ha indicado que la Consejería de Justicia implantará este servicio dentro de su propio sistema y lo convertirían en un recurso propio de los jueces de familia o violencia.

Las múltiples funciones del coordinador parental

La figura del coordinador de parentalidad tiene múltiples funciones. En primer lugar, tiene una función evaluadora, donde valora muy bien las necesidades de las familias y hace «un traje a medida con los objetivos que necesita cada una».

Luego tiene una función formadora y de planificación. En esta función se encarga de dotar a las familias de herramientas e instrumentos diferentes para resolver situaciones muy cotidianas que se enquistan y se vuelven problemáticas y pueden perjudicar a los menores.

También trabajan con los menores para darles recursos y que puedan resolver ciertas situaciones perjudiciales para ellos.

Otra de sus funciones consiste en la coordinación. La figura tiene la potestad de ponerse en contacto con todos los agentes intervinientes de la familia: profesores, médicos, abogados de ambos padres, terapeutas, etcétera, para tener una línea común de actuación con la familia.

Tiene también una función de información a los propios juzgados. Van a estar en continua comunicación con el juez informándole del progreso de cada familia y de los resultados que se van obteniendo.

Origen del proyecto

La iniciativa, que comenzó hace cinco años, surgió del estudio detallado de la figura del coordinador de parentalidad y su implantación en las diferentes comunidades autónomas. «Tras ver que en Cataluña, Madrid, Zaragoza y Valencia los proyectos funcionaban correctamente empezamos a plantearnos en cómo sería esta figura y cómo podríamos adaptarla a nuestra provincia», ha explicado Mariela Checa.

Para ello, concretaron una serie de medidas para la configuración de un coordinador parental, entre las que Checa ha resaltado la formación. Y es que la formación reglada y académica «es importante para no incurrir en los mismos problemas que había tenido la mediación». A partir de esta formación, las creadoras empezaron a cuestionarse como podían implantar estas figuras en los juzgados: «Decidimos plantearle este proyecto la Consejería de Justicia y ya es una realidad».

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