De profesión, becario

Son la cara más joven de la precariedad laboral. Los becarios encadenan prácticas, realizan innumerables cursos como estrategia para seguir en las empresas que los becan y cubren puestos de trabajo sin las condiciones propias de un empleado, pero con la esperanza de conseguir ese tan ansiado contrato laboral. Ante esto, 2022 tampoco será un año que se pueda recordar por la aprobación de un Estatuto del Becario que termine con prácticas empresariales cuestionables y que garantice a los becarios unas condiciones más justas.

Aunque la voluntad del Ministerio de Trabajo era cerrar el Estatuto antes de verano del año pasado, la negociación se ha ido alargando a raíz de las discrepancias de la patronal en relación al texto. A pesar de que ya hay una propuesta sobre la mesa que los sindicatos dan por buena, el Gobierno está realizando modificaciones sobre ella para trasladar el nuevo texto a los agentes sociales y la patronal en los próximos días. Después, pretende acordar una última reunión y cerrarlo.

Para los sindicatos es esencial eliminar las prácticas extracurriculares, es decir, las que se realizan de forma voluntaria durante la formación, pero que no forman parte del plan de estudios. Reclaman que se transformen en curriculares o en contratos formativos. «Con estas prácticas, las empresas utilizan a los becarios como mano de obra barata o gratuita», afirma Laura Bonet Oriols, portavoz nacional del sindicato juvenil de UGT, Avalot.

En la misma línea habla Lucía Aliagas, coordinadora nacional de acción joven en Comisiones Obreras. Asegura que no están dispuestos a ceder ni en ese ni en puntos ya negociados, como, por ejemplo, la remuneración de los gastos producidos durante las prácticas. «El acuerdo de remuneración ya nos parece justo, porque no fija un mínimo», sentencia Aliagas.

En el lado opuesto se posicionan las patronales. La directora del área de trabajo de la patronal catalana Pimec, Sílvia Miró, defiende las prácticas extracurriculares como «la mejor herramienta de inserción laboral» de los jóvenes. Argumenta que las empresas los emplean de forma voluntaria y les ofrecen una oportunidad formativa, que con la eliminación de estas prácticas se erradicaría. «Está bien que se regule, pero no creo que haya abuso por parte de las empresas. No podemos eliminar las prácticas extracurriculares por algunos casos aislados». Y advierte de que la mayoría de compañías que emplean a estudiantes son pequeñas o medianas, por lo que «si ponemos demasiados impedimentos, dejarán de hacerlo».

Miró afirma, por otra parte, que el tejido empresarial se transforma más rápidamente de lo que lo hace el sistema educativo. Y, frente a esto, las prácticas funcionan como una ventana real al mundo profesional. Además, aunque se muestra favorable a incluir una contraprestación económica, pide tener en cuenta, a la hora de estipular su cuantía, los propios costes empresariales de contratar a un estudiante y su tutorización, la gestión burocrática y su «nivel de productividad relativa». «La contraprestación tiene que compensar solo los gastos de las prácticas, porque no se tiene que equiparar a una prestación por servicio laboral. Las prácticas no son trabajo, tienen una función formativa».

Sin embargo, los sindicatos advierten de que, en ocasiones, los becarios llegan a conformar hasta el 80% de las plantillas de las empresas. Según datos de Comisiones Obreras de 2015 –los últimos publicados- en dicha fecha había alrededor de 1,4 millones personas en prácticas. Más allá de esa cifra, no existe un censo oficial que las contabilice en la actualidad. Y algunas empresas utilizan esta falta de control para cubrir puestos de trabajo convencionales con becas.

En este sentido, el nuevo Estatuto del Becario pretende fijar un máximo del 20% de estudiantes en la plantilla. El último borrador, al que ha tenido acceso ‘activos’, impone algunos límites como la obligatoriedad de formalizar una relación laboral cuando la actividad desarrollada en la empresa sustituya las funciones de un trabajador por cuenta ajena. También advierte de que no serán consideradas prácticas las actividades que no requieran de especial cualificación o no cuenten con formación y tutorización. Y añade algunos derechos como la contraprestación económica y la garantía de que la actividad se pueda compatibilizar con el resto de la formación. El estudiante tendrá derecho, además, a participar de todos los servicios con los que cuenten las demás personas trabajadoras como la restauración o el aparcamiento. Y las empresas deberán informar a la representación legal de los detalles relacionados con los estudiantes en prácticas: la cantidad, el horario, la contraprestación por gastos y la remuneración económica, si es que la hay.

Suscríbete para seguir leyendo