«El impuesto de Plusvalía genera aún inseguridad a los ayuntamientos y al ciudadano; debe revisarse a fondo»

La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL) ha celebrado estos días en Málaga su XXIII Congreso anual, donde han anunciado la elaboración de un Libro Blanco que aboga por una reforma fiscal integral, también de las Haciendas Locales, para evitar la elevada litigiosidad y excesiva tutela estatal que, a su juicio, sufren tributos como el IBI o la plusvalía. El foro, que ha contado con la colaboración de la Diputación y el Ayuntamiento de Málaga, ha reunido durante dos días a 150 profesionales vinculados al mundo de los tributos locales de todo el país. Su presidente, Arturo José Delgado, analiza en esta entrevista con La Opinión los problemas que pesan sobre las tasas e impuestos locales.

Pese a la importancia de las haciendas locales, parecen haber sido siempre las grandes postergadas de las reformas fiscales que ha habido en España.

Efectivamente, somos las más olvidadas, eso está fuera de toda duda y tenemos ejemplos constantes. Quizá pueda ser una cuestión de prioridades políticas; realmente, cuando se ha pretendido elaborar algún tipo de reforma del mundo tributario local ha surgido, a lo mejor de manera simultánea, la financiación autonómica o algún otro tipo de prioridades que hacen que se postergue constantemente. Desconocemos realmente las razones profundas, pero no se considera una prioridad, cuando realmente es algo muy importante, no sólo para la supervivencia financiera de los municipios, sino para el ciudadano, que es el que más relación tiene con los municipios y no con otras administraciones.

¿Qué impuestos habría que revisar para ser más eficientes?

Entendemos que, de los cinco grandes impuestos que cobran las haciendas locales (el IBI, el IVTM y el IAE, que son exacción obligatoria, y el ICIO y la Plusvalía, que son optativos), todos necesitan de revisión. Cada de uno de ellos tiene una problemática que exige una revisión a fondo. No podemos decir que ninguno esté muy bien porque no es real. En los tres obligatorios, que son de gestión compartida con el Estado, existen grandes problemas que derivan, por un lado, de esa propia gestión compartida, que es casi una tutela estatal, como la que existía en el siglo XIX, aparte de problemas técnicos puntuales. Y respecto al impuesto de Plusvalía, ya sabemos la reforma que necesita y los puntos polémicos que todavía tiene, a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional y de la posterior reforma legal, todavía siguen existiendo incertidumbres. En cuanto al impuesto de construcción, necesita también una revisión a fondo por la escasa regulación legal, que ha dejado una ambigüedad constante. A golpe de sentencia se ha tenido que ir perfilando este tributo. Y eso no puede hacerse, porque luego surgen los problemas para los ciudadanos y para las administraciones.

«Los cinco grandes impuestos que cobran las haciendas locales (IBI, IVTM, IAE, ICIO y la Plusvalía necesitan de revisión por diversos problemas»

undefined

¿Cómo les condiciona la tutela que el Estado ejerce sobre los tributos locales?

Pues, por ejemplo, desde el momento en el que el control del padrón y de las grandes matrículas del Catastro dependen en el caso del IBI del Estado, los trasvases de información no siempre son buenos. No digo que sean nefastos porque no sería cierto, pero sí que se produce mucha distorsión en el impuesto de actividades económicas, en el IBI. Y con Tráfico, en el impuesto a vehículos. En el IAE se depende de una matrícula estatal cuando el propio Estado, realmente, no tiene interés económico sobre ello; en su momento tenía interés por la información censal, pero ahora procede de otras fuentes. Entonces, ese propio intercambio de información, para luego generar las liquidaciones, supone una serie de problemas concretos de gestión a muchos ayuntamientos.

Los costos de las administraciones locales han subido mucho por la inflación y los costes laborales. ¿Eso supondrá subida de impuestos?

No entramos en el ámbito de la política fiscal. Es una decisión libre del equipo de gobierno de turno y es muy lícito tanto el enfoque de subir impuestos como de bajarlos. Son opciones de política fiscal que nos puede parecer perfectamente legítima. Lo que pretendemos es que, si se establecen esos impuestos, sean absolutamente exigidos, que no se permita el fraude y, por otro lado, que no generen incertidumbre. Que suban más o menos es una decisión absolutamente política, de responsabilidad del equipo de gobierno en relación con sus votantes o ciudadanos. Pero no entramos a valorar, no es nuestro cometido.

Cuando dice que no generen incertidumbre ¿se refiere a que estén claramente expuestos?

Exacto. Que no se regule en cuatro artículos con ambigüedades o en un párrafo, dejando al pie de los caballos a los municipios, que luego ven cómo se anulan sus ordenanzas y tienen que devolver el importe o a expensas de alguna reforma legal.

¿Tiene que recibir las haciendas locales más competencias de tributos? ¿Hay que descentralizar el modelo en España?

Nosotros entendemos que el principio de autonomía local, contemplado en la Constitución, debe hacerse efectivo. Es un principio básico constitucional que tiene que traducirse. El esquema actual, siempre lo decimos, es del siglo XIX, y ese concepto de tutela estatal no cuadra con la existencia del principio de autonomía local. Lo que sí es necesario es que todos los ayuntamientos tengan los medios adecuados para poder ejercer esa autonomía local con rigor y precisión. Pero sí que es verdad que los tributos deberían depender en mayor medida de los propios municipios, cosa que no es real.

Que son los que conocen más la necesidad del ciudadano al estar más cercanos a ellos, ¿no?

Sí, y porque la responsabilidad en definitiva va a ser del municipio. El Estado lo deja regulado y luego allá los municipios se las compongan. Por eso, deben tener un mayor margen de decisión, porque va a asumir la responsabilidad de lo que suceda. La Federación Española de Municipios y Provincias realiza también, en ese sentido, una importante labor, porque representa todos los intereses de los municipios y provincias de España y tiene su papel. Tenemos que analizar a fondo el derecho comparado para ver qué alternativas podemos tener. Pero es cierto que no es coherente con el principio de autonomía local que el municipio se vea condicionado tanto a decisiones estatales o a gestiones compartidas que crean distorsión o a no poder regular determinados aspectos de cada tributo.

¿Cómo están afectando las sentencias del Constitucional a las plusvalías municipales?

Los problemas con la Plusvalía siguen existiendo. Tuvimos la sentencia del Tribunal Constitucional de 2017, luego en el 2019, y ya en 2021 el Constitucional sacó los colores al Gobierno y al legislador estatal por no haberlo reformado. Se ha regulado la nueva figura de la estimación directa de una manera que puede crear problemas a los ayuntamientos a la hora de determinar los valores. Se puede llegar a necesitar una comprobación de valores excesivamente compleja. Se necesita todavía una revisión más a fondo.

Imagino que los fallos judiciales que den la razón a los contribuyentes que reclaman la devolución de importes suponen al final un problema para las cuentas de los municipios.

Claro, lo que se pueda estar recurriendo luego puede dar lugar a alguna decisión judicial que representara una nueva devolución de lo pagado. Todo lo que se regule mal y genere recursos puede provocar devoluciones de ingresos. Y también quejas de contribuyentes que no han podido o sabido recurrir en su momento por la circunstancia que sea: la resolución administrativa se ha convertido firme y no les va a alcanzar la devolución. Por eso decimos siempre que esa inseguridad es un problema: cargas para el ciudadano que tiene que recurrir y problemas para el Ayuntamiento que luego tenga que devolver.

¿Y hay una alta litigiosidad?

Sí, sigue existiendo. No al nivel que ha existido, pero sigue habiendo mucha todavía.

¿Cree que habría que compensar a los municipios?

Por un lado, tenemos la bajada de ingresos que suponen los nuevos cálculos y, por otro lado, lo que ha supuesto de devolución, que son cientos de millones de euros España. Es un problema muy serio tanto el impacto inmediato de las devoluciones como el hecho de que se va a ir cobrando menos. Por eso es muy importante que el Estado compense. En definitiva, la responsabilidad última es del Estado legislador, que ha establecido una fórmula que se ha demostrado inconstitucional y que ha generado un problema para los municipios. Se plantea una responsabilidad patrimonial del Estado y hay reclamaciones económicas de los municipios.

¿Y cree que eso podría ser viable?

Es complicado, pero no es descartable. Recientemente se ha hablado de que estudiaba la posibilidad de satisfacer las reclamaciones. Nada es descartable.

Hay bastantes voces que afirman que el impuesto de plusvalía es injusto, pues grava en muchos casos bienes heredados.

Es un concepto que supera la cuestión técnica, igual que en el Impuesto de Sucesiones. Es difícil de entender por parte del contribuyente y a lo mejor habría que buscar nuevas fórmulas menos duras, pero bueno, es un impuesto que está implantado desde hace décadas y nunca ha generado tanto problema como ahora, a raíz de todo lo que ha sucedido. El impuesto de Plusvalía tenía un nivel de aceptación muy elevado, tanto en ‘mortis causa’ como ‘inter vivos’. A raíz de la crisis económica de 2008 y de las sentencias que hemos mencionado, que alcanzaban a la filosofía de todo el tributo, ha sido más difícil de aceptar pero tenía un arraigo muy importante ¿Que no es muy estético para los ciudadanos y que habría que buscar otras fórmulas alternativas? Es posible, pero desde el punto de vista jurídico, igual que en Sucesiones, tiene cabida técnicamente.

«Hacen falta más medios humanos y tecnológicos en las haciendas locales para evitar el fraude. Es un ámbito de servicios muy desatendido»

undefined

Una de las preocupaciones expresadas por ANIHPL es atajar el tema del fraude. ¿Qué acciones específicas harían falta?

En primer lugar, medios humanos y tecnológicos, porque este ámbito de servicios está muy desatendido. Existen decenas de ciudades y cientos de pequeños municipios que no tienen medios adecuados y que, o no pueden hacer nada, u optan por encargarlo a empresas que cobran comisiones suculentas y que sustituyen la labor pública. No hay que llegar a eso. Es necesario dotar de medios adecuados a las administraciones locales. Además, es una inversión que tiene una rentabilidad inmediata, sobre todo en municipios en los se llevan años sin hacer nada. En cuanto se ponga en actividad un grupo de inspección, perfectamente se rentabiliza en poco tiempo. Es, sobre todo, una cuestión de justicia tributaria. No puede ser que el cumplidor pague adecuadamente y que otros estén al margen de ese control. Ahora mismo, además, con los medios de inteligencia artificial que hay para detectar el fraude, sería muy importante esta mayor dotación.

«La nueva tasa de basuras provocará seguro impugnaciones en los tribunales»

La ANIHPL ha manifestado su reserva sobre el modo en qué se va a implantar, de cara a su entrada en vigor en enero de 2025, la nueva ordenanza de tasa de basura ¿Por qué?

Creemos que si no se reforma o se da un nuevo plazo (porque para entrar en vigor en 2025, las ordenanzas fiscales tienen que estar hechas en 2024) muchísimos municipios van a tener problemas. Se trata de una tasa obligatoria para todos los municipios. Y no puede superar el coste, como toda tasa, pero tampoco puede ser deficitaria. Por lo tanto, puede que se eleve bastante la cuota en relación con las tasas ordinarias. Tiene que estar vinculado a lo que genera cada uno, lo que es una gestión muy complicada, y cada municipio tiene que hacer informes, estudios económicos de los costes para atribuir las cuotas... habrá cientos de ordenanzas distintas y también impugnaciones aseguradas en los tribunales. 

¿Cómo prevenir esto?

Sobre todo tendría que haber una regulación más completa y detallada. Ahora mismo sólo hay unas líneas en un párrafo pequeño donde se habla de cómo tiene que ser la tasa. Algo mínimo, que deja en el aire lo que es una bomba de relojería que puede estallar en cualquier momento y convertirse en un caso similar al de la Plusvalía, generando un problema muy grave en los municipios. 

Otro tema. Se habla mucho de los fraudes en el tema de las localizaciones ficticias del IVTM. Se matriculan flotas de vehículos en algunos municipios por ser más barato.

Por ser más barato sí es perfectamente lícito instalarse donde uno quiera. El problema es que sean locales fantasma, absolutamente ficticios. Este problema se puede atajar, por ejemplo, reformando la Ley y no vinculando el municipio que exige el tributo al permiso de circulación del vehículo. También se arreglaría si se cumplieran a rajatabla las normas. Tráfico permite (o no comprueba) la realidad de ese permiso de circulación. Se acepta cualquier tipo de local para empresas, aunque sean fantasmas. Pedimos una mínima reforma legal y que se compruebe la realidad del cambio de domicilio de una flota.

Suscríbete para seguir leyendo