Las viviendas turísticas advierten de que los ayuntamientos tendrán que justificar las restricciones

La Junta de Andalucía ha aprobado esta semana el nuevo decreto que regulará la actividad de las viviendas turísticas, en sustitución de la normativa vigente hasta el momento, que databa de 2016.

La medida más relevante, y también la más esperada, es el reconocimiento explícito por parte de la Administración andaluza, en cuanto a que los ayuntamientos cuentan con las competencias urbanísticas para limitar o restringir las viviendas turísticas en sus planeamientos.

Esto habilita a los consistorios para poder limitar el número máximo de viviendas de uso turístico por edificio, sector, ámbito, periodos, área o zona, siempre que se argumente una «razón imperiosa de interés general», según anunció el Gobierno andaluz antes de ayer, a falta de que se haga público el texto definitivo del decreto.

Es en esto último, la argumentación o justificación de las restricciones que impongan los ayuntamientos lo que vigilará con detenimiento el sector de las viviendas turísticas, como explica a este periódico el presidente de la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía, Carlos Pérez-Lanzac.

«Ten cuenta el peso, el impacto, las generaciones de riqueza, el empleo y de que efectivamente esto es una actividad regulada, el ayuntamiento no puede atacar esta actividad así de una forma injustificada», señala Pérez-Lanzac, que insiste en que la nueva normativa, para la que ofrecen una «valoración positiva», «no es un cheque en blanco».

Por ello, la patronal sostiene que los ayuntamientos tendrán que estudiar el volumen total de los tres usos urbanísticos principales, el residencial -donde se incluyen las viviendas turísticas-, el terciario o comercial y el dotacional, este último destinado al uso público.

Por otro lado, celebran que el decreto recoja la figura de la «empresa explotadora», que aseguran, existe «desde hace más de 50 años», pero no estaba contemplada en un texto normativo.

En cuanto a las nuevas exigencias de calidad y confort de las viviendas turísticas, por las que será necesario contar con sistemas de climatización, ajuar doméstico, un número determinado de ventanas o la limitación de inquilinos en base a los metros cuadrados del inmueble, el presidente de la asociación señala que eran requisitos que «ya está teniendo el turista y que nos venía pidiendo el sector».

Por cierto que las viviendas que no cumplan con estos criterios tendrán un año para adaptarse una vez que entre en vigor el nuevo decreto.

Eso sí, Pérez-Lanzac apunta que el nuevo decreto finalmente no incluirá la obligación de que las viviendas turísticas deban llevar incorporado un sonómetro para controlar el nivel de ruido, por lo que seguirá siendo una opción voluntaria de los propietarios y gestores.

Según el presidente de la asociación, estos dispositivos funcionan como herramientas contra los «malos actores», esto es, «un turista que no respeta ni la convivencia ni las normas que se le dan». «Es un cliente que no queremos, no deseado, para lo que hay que tener herramientas», añade.

Vivienda ilegal

Asimismo, la patronal entiende que el siguiente paso es perseguir la vivienda turística «ilegal» o «clandestina», es decir, que no está dada de alta en el Registro de Turismo de la Junta de Andalucía. Para ello, sostienen que será necesaria una colaboración estrecha entre Hacienda y la Administración andaluza.

Actualmente, en Málaga hay entre 8.000 y 10.000 viviendas registradas, de las que solo en torno a 6.000 están activas, según la asociación. De las viviendas activas, aproximadamente unas 3.500 están operativas todo el año y no solo en períodos vacacionales. En cuanto a los sonómetros, la patronal calcula que unos 2.000 inmuebles ya los tienen instalados.