En el aire. Así está el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella, que ha recibido entre 3.000 y 5.000 impugnaciones de colectivos y ciudadanos que no están de acuerdo con el planeamiento urbanístico diseñado por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Marbella.
Hoy termina el plazo de presentación de recursos judiciales que se abrió hace justo dos meses con la entrada en vigor del PGOU, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
En este tiempo, el documento ha recibido una media de 100 impugnaciones diarias, según fuentes judiciales, tal y como se preveía en diferentes sectores de la vida económica, política y social de Marbella.
La avalancha de recursos ha provocado que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía vaya a reforzarse con dos funcionarios más para poder tramitar todos los expedientes.
Y es que si bien el Plan General de Ordenación Urbana de Marbella regulariza la situación de 16.000 viviendas y dota al municipio de una seguridad jurídica en materia de urbanismo de la que ha carecido durante 20 años, también ha provocado un gran descontento.
Rechazo
Prueba de ello son las palabras del presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores, Ricardo Arranz, que ha presentado un recurso contra el PGOU, que considera un «desastre sin sentido» porque legaliza unas viviendas sí otras no, y establece un sistema de compensaciones que se basan unas en otras, lo cual hace un plan imposible de gestionar.
«Lo están vendiendo como la panacea cuando no soluciona nada. No se entiende que un gobierno –el PP– tenga que gestionar un PGOU que le han impuesto –la Junta de Andalucía– y que ha elaborado un equipo redactor que no conoce la idiosincrasia de Marbella».
El presidente de los urbanizadores no entiende por qué en Marbella no se puede construir al norte de la autovía pero sí en Estepona, Benahavís o Mijas. «¿Cómo es posible que se imponga un 30% de VPO en las urbanizaciones cuando un modelo de vivienda no es compatible con el otro?», se preguntaba ayer.
Ricardo Arranz afirma que el PGOU va a suponer un quebranto patrimonial a Marbella y muchos propietarios van a reclamar el daño que supone que le hayan levantado un edificio donde antes veía el mar. «El PGOU no se acuerda de estos vecinos, no les compensa; lo único que hace es legalizar todo lo que hizo Roca e intentar sacar dinero a quien ha hecho las cosas mal», dijo.
El presidente de los urbanizadores añadió que los recursos judiciales van a paralizar el desarrollo del PGOU durante años y va a quebrar económicamente a la ciudad.
De manera similar pensaba ayer la abogada Inmaculada Gálvez, que representa a unos 3.000 propietarios de viviendas legales perjudicados por la amnistía» firmada por los principales partidos políticos.
Inmaculada Gálvez, que ha presentado varias impugnaciones en representación de sus clientes, afirmó que los recursos ante el TSJA van a impedir el desarrollo del PGOU, que califica de «fracaso» ya que legaliza construcciones ilegales y no compensa a los propietarios de viviendas legales que se han visto perjudicados.
«El PGOU tendrá un coste para los partidos políticos que lo han diseñado y que sólo buscaban la foto». La solución es un nuevo PGOU, según Gálvez, quien afirma que las sentencias de demolición deben ejecutarse o indemnizar a los perjudicados.
