El grupo municipal de IU en Marbella propuso ayer crear una comisión participativa para controlar que los infractores urbanísticos pagan sus multas. La mesa estaría formada por representantes de los distintos grupos políticos de la corporación municipal además de ciudadanos miembros del consejo de participación ciudadana.
«Los infractores no pueden irse de rositas, permitirlo es ser cómplice de los responsables del saqueo de la corrupción urbanística en la localidad», indicó ayer el portavoz de la formación, Enrique Monterroso.
Estas multas son en muchos casos muy cuantiosas. Es el caso de la que debe abonar el empresario imputado en la operación Malaya Tomás Olivo, que ronda los 18 millones de euros. «La solvencia financiera del Ayuntamiento depende en gran medida de que las compensaciones se hagan efectivas», recordó.
El edil de Urbanismo, Pablo Moro, aseguró ayer que el pago de las compensaciones es transparente y está asegurado. Moro añadió que un juez ha aceptado la petición de Olivo de no pagar la multa hasta que se resuelva el contencioso que hay abierto.
