En junio fue la Agencia Tributaria y el miércoles, la Tesorería General de la Seguridad Social. El ente estatal ha remitido al Ayuntamiento un oficio en el que le reclama los 12 millones de euros procedentes de casos judiciales por corrupción con sentencia firma que la Audiencia Provincial, a través del juez José Godino, entregó a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, a principios de verano.

En el escrito, al que ha tenido acceso La Opinión de Málaga, el director general del ente estatal, Javier Aibar, indica que la Tesorería de la Seguridad Social «entiende que el Ayuntamiento debe poner a disposición de este Servicio Común» este dinero.

Aibar señala en el oficio, de cinco páginas de extensión y expedido el 27 de septiembre, que los Presupuestos Generales del Estado de 2018 recogen una disposición adicional que señala que el cobro que perciba el Ayuntamiento de cualquier indemnización reconocida por los tribunales debe aplicarse a la liquidación de la deuda del Consistorio con la Seguridad Social y Hacienda.

La única salvedad a la regla general, agrega Aibar, es que las indemnizaciones se concreten en bienes o derechos, lo que, según el director general de la Seguridad Social, excluye las sumas económicas.

Aibar agrega que la entrega de los 12 millones de euros al Ayuntamiento se produjo antes de que entraran en vigor los Presupuestos Generales del Estado, que recogen la disposición adicional, «con lo que, en ningún caso, podría ampararse en dicha reforma una hipotética negativa» del Ayuntamiento para entregar el dinero.

El Ayuntamiento incurriría en una causa de incumplimiento del pago de la deuda con Hacienda y la Seguridad Social en el caso de que no entregara los fondos, según Aibar.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, aseguró ayer que la disposición incluida en los Presupuestos Generales del Estado habilita al Ayuntamiento a destinar los fondos a servicios y equipamientos públicos para el municipio y no al pago de la deuda. «La providencia por la que la Audiencia Provincial dio al Ayuntamiento los doce millones de euros recoge expresamente que se corresponden con derechos de crédito generados, en su calidad de perjudicado en los conocidos como casos Saqueo I y Saqueo II. De esta ciudad no saldrá ni un euro», afirmó la regidora.

A pesar de la petición de la Seguridad Social, Muñoz anunció que la corporación municipal celebrará el lunes un pleno para aprobar la incorporación de los fondos judiciales a los presupuestos de 2019. De esta forma, el equipo de gobierno podrá dedicar el dinero entregado por la Audiencia Provincial a construir una residencia pública de mayores y reformar un local para la Escuela Oficial de Idiomas.

Muñoz instó al grupo municipal socialista a que, en el pleno del lunes, «se ponga del lado de los intereses de Marbella» y no de los del partido.

El concejal socialista José Bernal aseguró que son los funcionarios de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social los que reclaman la devolución de los 12 millones de euros y no el Gobierno de Pedro Sánchez. «Lo hacen porque la alcaldesa, en su pasión por hacerse fotos y afán de protagonismo, no esperó a la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado», agregó.

Bernal aseguró que ha mantenido contactos con el Ministerio de Hacienda para lograr que el Ayuntamiento retenga el dinero.

El concejal de IU, Miguel Díaz, aseguró que el dinero que se recupere de los casos judiciales tiene que dedicarse a inversiones y no a Hacienda o la Seguridad Social. «Es falso, como dice la regidora, que la oposición quiera que el dinero no se quede aquí. Sigue en la senda de la mentira», apuntó.