La corporación municipal aprobó ayer por unanimidad incluir en los presupuestos de 2019 los cerca de 14 millones de euros que el Ayuntamiento ha recuperado de los procesos judiciales por corrupción con sentencia firme. Lo hizo a pesar de que la Agencia Tributaria y la Tesorería de la Seguridad Social han reclamado al equipo de gobierno los doce millones de euros procedentes del caso Malaya que la Audiencia Provincial de Málaga entregó a finales de junio a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, por mediación del juez José Godino.
Ambos entes estatales entienden que el equipo de gobierno debe dedicar esa cuantía a liquidar la deuda que el Ayuntamiento mantiene con ellos porque la entrega del dinero se produjo antes de que entraran en vigor los Presupuestos Generales del Estado, que incluyen una disposición que habilita al Consistorio ha invertirlo en equipamientos públicos.
Sin embargo, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, reivindicó los informes elaborados por la Asesoría Jurídica y los habilitados nacionales que, según ella, permiten al equipo de gobierno retener los fondos frente a las reclamaciones de Hacienda y la Seguridad Social. «De ninguna de las maneras se puede considerar que la petición se ajuste a Derecho. De aquí no saldrá ni un solo euro», agregó la regidora.
El concejal del PSOE José Bernal reclamó a Muñoz que resuelva el «desaguisado» de los doce millones de euros que reclaman Hacienda y la Seguridad Social después de que la alcaldesa «antepusiera sus intereses a los de Marbella. Sólo tenía que haberse esperado un par de semanas (para recibir el dinero), pero le pudo, como siempre, su afán de protagonismo para hacerse la foto recibiendo el cheque con los fondos», agregó el edil.
El concejal de IU, Miguel Díaz, pidió a Muñoz que «no enrede escondiendo requerimientos ni información», en referencia a los cerca de tres meses en los que la regidora ocultó que Hacienda pedía los fondos. «Con los millones del caso Malaya no se puede jugar ni tener intereses electorales», agregó.
Según la concejala de Podemos, Victoria Mendiola, la regidora Ángeles Muñoz primó su agenda política a los intereses del municipio al recibir el dinero antes de la entrada en vigor de los Presupuestos Generales, lo que hace que «pendan de un hilo» los tres proyectos en los que el equipo de gobierno invertirá parte de los fondos judiciales.
Las tres obras son una residencia pública de mayores, una nueva instalación para la Escuela Oficial de Idiomas y una escuela de música y danza en San Pedro, los tres proyectos que más apoyo vecinal obtuvieron de los 20 que propuso el Ayuntamiento en una encuesta de opinión.
La residencia pública de mayores se construirá en una parcela cedida hace años por una familia del municipio para albergar el equipamiento. El centro contará con unas 120 habitaciones con todos los servicios necesarios y estará abierta a colectivos sociales del municipio que trabajan con pacientes afectados de alzheimer.
La Escuela Oficial de Idiomas se reubicará en un local de titularidad municipal de unos 1.000 metros cuadrados que albergará once aulas, mejores instalaciones para los docentes, biblioteca, sala de usos múltiples, despachos para coordinadores y orientadores o archivos. El proyecto ronda los 1,5 millones de euros.
El proyecto de la escuela de música y danza en San Pedro Alcántara está dotado con una partida presupuestaria que supera los tres millones de euros.
