La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, anunció ayer un plan de choque para agilizar diferentes proyectos urbanísticos especialmente importantes para el desarrollo económico del municipio. Entre otras medidas, la regidora anunció una oferta pública de empleo en 2019 para crear cinco nuevas plazas de arquitectos, cinco de abogados y tres de ingenieros y que se cubrirán las 10 plazas vacantes de auxiliares y administrativos en la Delegación de Ordenación del Territorio.
Además, informó de que hace unos días entró en funcionamiento la unidad específica de suelo urbano consolidado para agilizar la tramitación de las licencias relacionadas con los suelos exentos de particularidades urbanísticas.
El departamento es una vía alternativa que gestiona con más dinamismo los permisos administrativos de los terrenos que requieren menos informes y estudios urbanísticos y está integrado por auxiliares administrativos, administrativos y arquitectos, según explicó la regidora.
Muñoz añadió que el Ayuntamiento firmará en los próximos días un convenio para que el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga implante un visado de cualificación urbanística. Se trata de un informe conformado por un técnico municipal sobre el cumplimiento de la normativa urbanística de Marbella que contará con la garantía de que los aspectos que revise un arquitecto municipal los habrá supervisado un profesional del propio Colegio.
Asimismo, avanzó que el Gobierno local trabaja en la elaboración de una ordenanza para otorgar las licencias urbanísticas.
El Gobierno local confía en que las medidas permitan «dar salida a la demanda que ahora mismo tiene la ciudad, después de la parálisis que sufrió el urbanismo durante dos años y medio con el anterior equipo de gobierno, en un sector tan productivo como es el crecimiento de Marbella en torno a nuevos equipamientos, a zonas hoteleras y a áreas de desarrollo».
Para la concejala socialista y exdelegada de Urbanismo con el gobierno anterior, Isabel Pérez, las medidas anunciadas son «una venta de humo y el anuncio de mentiras para continuar, a dos meses de las elecciones locales, en su espiral de proyectos que nunca se ponen en marcha. Las medidas sólo demuestran un desprecio total por los trabajadores de la delegación, a los que no ha tenido en cuenta para acordar con el Colegio de Arquitectos que les hagan su trabajo, cuando el fallo está en la gestión política», señaló.
Según la edil, la delegación que encabeza María Francisca Caracuel se encuentra sumida «en una falta total de control y se ahoga en plazos debido a una mala gestión de sus dirigentes. La preocupación crece cuando pasan las semanas y no hay expedientes urbanísticos de licencia de competencia en la junta de gobierno local», apuntó.
