La alcaldesa, Ángeles Muñoz, y la secretaria general para la Justicia de la Junta de Andalucía, María José Torres, anunciaron ayer que el Ayuntamiento y el Gobierno regional buscan parcelas en las que construir el Palacio de Justicia que aglutine las tres sedes judiciales diseminadas en el núcleo urbano de Marbella.

Muñoz y Torres acusaron al Gobierno central de poner «objeciones y trabas» para que el equipamiento judicial se instale en el edificio semiderruido ubicado en una parcela próxima al Hospital Comarcal Costa del Sol, el emplazamiento que habían acordado el Ayuntamiento y el equipo de gobierno del PSOE de la Junta.

«Estamos trabajando para darle uso en este sentido a esta edificación, pero ante las objeciones que estamos encontrando por parte del Ministerio de Fomento en relación con este proyecto, desde el Ayuntamiento nos hemos comprometido a hacer todo lo posible por poner un suelo disponible para que la ciudad tenga unas instalaciones dignas», señaló Muñoz tras una reunión con Torres; el director general de Infraestructuras Judiciales y Sistemas de la Junta, Miguel Ángel Reyes, y la delegada de Ordenación del Territorio, María Francisca Caracuel.

«La ciudad requiere de unas nuevas sedes judiciales y en este sentido la colaboración e interlocución con la Consejería de Justicia no puede ser ni más fluida ni más productiva. Ambas administraciones sienten y piensan que se trata de un proyecto prioritario», agregó.

La secretaria general para la Justicia aseguró que van «a estudiar la viabilidad del proyecto contemplado en el edificio anexo al Hospital Comarcal, pero debido a las objeciones que estamos encontrando, vamos a acelerar el proceso para buscar otras opciones y fórmulas de cara a que Marbella cuente con el Palacio de Justicia que merece».

El portavoz del PSOE, José Bernal, reclamó a Muñoz que «no mienta ni le eche la culpa a Fomento para ocultar su incompetencia a la hora de ceder la parcela. El Gobierno central no está poniendo ninguna objeción al proyecto. Simplemente hace, como es su obligación, cumplir con la ley, eso que a Ángeles Muñoz parece que tanto le cuesta», agregó.

Bernal añadió que resulta muy significativo que el mismo día que Muñoz culpa a Fomento de obstaculizar el proyecto, el Ayuntamiento de Estepona, del mismo signo político que la alcaldesa, anuncie la cesión de terrenos para unificar sus sedes judiciales. «Si no puede, que pida ayuda. Colaboraremos para que el proyecto salga adelante. Pero que no utilice el Ayuntamiento para su campaña electoral», indicó Bernal en referencia a la candidatura de la alcaldesa al Senado en las elecciones del 10-N.