La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga continúa este lunes el juicio por el denominado caso Arcos, sobre la presunta corrupción urbanística en el municipio de Alcaucín. En esta sesión está previsto que la Sala se pronuncie sobre algunas de las cuestiones previas planteadas por las defensas de los procesados, entre los que está el exalcalde de dicha localidad, José Manuel Martín Alba.
Las defensas presentaron sus cuestiones previas, relacionadas fundamentalmente con la prescripción de delitos, aunque también aludieron a nulidades por acusaciones sorpresivas, por investigación «prospectiva» y por irregularidades en aspectos como las intervenciones telefónicas; además de alegar que existían «miles» de folios de la causa sin escanear.
El fiscal Anticorrupción, por contra, defendió la instrucción y rechazó irregularidades en las autorizaciones de las escuchas ni en la investigación de la Guardia Civil, que emitió numerosos informes e iniciaron las pesquisas tras la comunicación de «una fuente anónima». Además, señaló que no había delitos prescritos, más que el de fraude que afectaba a un acusado, para el que pidió el sobreseimiento.
Está previsto, por el momento, que la vista oral se prolongue hasta septiembre de 2017. Se juzgan, entre otros, delitos de fraude, malversación, prevaricación, falsedad documental, contra la ordenación del territorio, estafa, cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y actividades prohibidas a funcionarios.
En la primera sesión del juicio, que comenzó con 48 acusados, ocho procesados mostraron su conformidad con los hechos por los que iban a ser juzgados. Entre ellos estaba el exsecretario municipal, acusado de falsedad, y las dos hijas del exalcalde, acusadas de blanqueo de capitales.
La mayoría de los procesados en esta causa, investigada en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de la localidad de Vélez-Málaga, son empresarios dedicados a la promoción urbanística -en total 27 de los acusados-, aunque también están, además del exregidor, funcionarios municipales o de la Diputación; arquitectos; intermediarios y abogados o asesores urbanísticos.
A Martín Alba se le acusa inicialmente de los delitos de fraude, falsedad, falsedad en documento oficial, cohecho, blanqueo de capitales, malversación, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y prevaricación o prevaricación urbanística. Le piden 226 años de cárcel.
