Archivan el caso contra el alcalde y el equipo de gobierno de Alhaurín por el club de tiro

El Juzgado de Instrucción nº 14 de Málaga ha dictado auto de sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta contra el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, 13 concejales o exconcejales del equipo de gobierno, la Real Sociedad de Tiro Pichón de Málaga y otras personas en relación a la actividad del Club de Tiro de Jarapalos en el término municipal.

La magistrada-juez señala que "no ha quedado acreditada la existencia de delito" en este caso, promovido por los concejales del grupo Adelante Alhaurín de la Torre (Izquierda Unida) durante el pasado mandato (2019-2023).

La causa tiene su origen en una denuncia formulada por el Ministerio Fiscal a raíz de la denuncia de miembros del grupo municipal Adelante Andalucía, que se constituyeron posteriormente en acusación popular, por la posible comisión de un delito contra el medio ambiente y de prevaricación.

La juez se muestra muy crítica con alguna de las acusaciones y señala, en concreto sobre la especificación de los tipos delictivos, que el cuerpo de la denuncia relate los hechos "sin fundamentar en una sola explicación el porqué de la mención casi invisible al delito de prevaricación". En varios párrafos, el texto de la resolución sugiere que toda la cuestión era "de contenido administrativo" desde "el principio", sobre todo en lo referente a la legalidad de la actividad y de las instalaciones del campo.

Una decisión administrativa

En este sentido, se transcribe un informe de la Junta de Andalucía que indica que "se considera acreditado el legal funcionamiento de las instalaciones", y se explicita que dicha actividad comenzó al menos en 1969. Respecto a la decisión que adoptó el Pleno en 2021, en la que los concejales del PP votaron en contra de una moción de Adelante Alhaurín de la Torre y que fue la base para la denuncia, al auto insiste en que se trata de una decisión "de contenido administrativo".

En lo que refiere a un informe del Seprona aportado a la causa, el auto dice: "Queda, a juicio de esta juzgadora, desmontada la afirmación contundente de la Guardia Civil (…) en cuanto a la negligente y posiblemente (…) prevaricadora actuación del ayuntamiento".

Por último, en cuanto a un posible delito medioambiental por vertidos contaminantes sin supuesto control en un arroyo cercano, la juez afirma que de la documentación aportada sí que queda demostrado que se comenzaron a llevar a cabo "proyectos específicos de recogida y gestión de residuos", si bien se reconoce por parte del club que no se recogen los restos de los platos "por su carácter biodegradable", y "la contaminación visual no es contaminación a los efectos de este procedimiento penal".

El texto hace referencia a los diferentes estudios del terreno aportados y considera que "si existe algún tipo de contaminación, ésta no está acreditada y quedan elementos por determinar si la misma tiene otro componente más allá de la actividad del club de tiro". Es más, se menciona que la Junta de Andalucía, "entidad competente en materia de zonas públicas hidráulicas", sí abrió un expediente sancionador "pero en ningún momento aparece la existencia de declaración de suelo contaminado, ni conminó al Ayuntamiento de Alhaurín a llevar a cabo actividad alguna y mucho menos se acordó dar traslado a la Fiscalía".

Denuncia falsa

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha manifestado que los tribunales "nos dan la razón en todo lo que dijimos en su momento y desmontan una a una las acusaciones de IU, demostrando que era una denuncia falsa, que fue instrumentalizada por la oposición para arañar votos a las puertas de la campaña electoral".

Sin embargo, ha lamentado que hayan tenido que pelear más de un año para demostrar su inocencia en un asunto que "no tenía ningún recorrido, como se ha demostrado", pero que "ha manchado la imagen y el honor" de hasta 13 concejales del equipo de gobierno solo por votar una moción política.

El regidor alhaurino ha señalado que con esta son ya 69 las denuncias archivadas por los tribunales y presentadas por Izquierda Unida, que ha cosechado "otro fracaso más en su lamentable" camino de judicializar la política local.