Urge un compromiso ciudadano con el régimen constitucional

Veto al Rey en favor de la concordia con aquellos que intentaron subvertir el orden constitucional allá por 2017; mensajes ministeriales morados y rojos con ataques más o menos directos a la jefatura del Estado, nunca rectificados, corregidos o deslegitimados por el jefe del Consejo de Ministros; así como un acoso y derribo constante al Consejo General del Poder Judicial, sitiado por quienes esperan poner una pica en el Flandes de la Justicia para tener un elemento más de negociación con el arco parlamentario independentista.

Y, sin embargo, no se puede decir que no se viera venir; el mismo Sánchez Pérez nos avisó de sus desvelos en forma de insomnio y otros, con una prosa más elaborada, ya avisaron de los problemas morales y políticos de pactar con los herederos del terror y con aquellos que tienen como objetivo derribar España como nación y al régimen constitucional como proyecto político; amén de cogobernar con un partido con un serio déficit de compromiso con ese proyecto político. Quizá el problema es que los que nos advirtieron desde la socialdemocracia eran viejas y grandes glorias del antiguo PSOE -más bien difunto y desde luego momificado-, como González, Guerra, Redondo Terreros, Leguina, entre otros y, recientemente, un zagal de las Juventudes Socialistas de despistada militancia en el nuevo PSOE.

El caso es que avisados, o no, nos vemos inmersos en una crisis sanitaria y económica con nivel de hecatombe, a la que hemos de sumar la crisis institucional en la que voluntariamente nos han sumergido los integrantes del Consejo de Ministros; en parte como movimiento de tinta de calamar de los avezados publicistas de Moncloa y en parte por la inevitable pulsión rupturista de los ministros podemitas.

Y si bien no se ha de caer en la ingenuidad de pensar que ningún gobierno anterior hizo lo posible por retorcer el invisible hilo de la separación de poderes -de sobra conocida es la muerte de Montesquieu durante el primer gobierno de Felipe González, al que nadie desde entonces ha tenido la más mínima intención de resucitar-, no es menos cierto que nunca habíamos presenciado el uso descarado de las competencias ejecutivas para evitar la presencia del monarca, símbolo de la unidad y permanencia del país, en una zona de España -mención aparte para las ciudades de Ceuta y Melilla-, con lo que ello supone de retracción de la presencia del Estado en esa región, a cambio de unos presupuestos o de un poquito de tranquilidad.

Es por ello que si los miembros del Ejecutivo no alcanzan a ver las consecuencias que sobre la estabilidad del país tienen sus actos y sobrepasa sus entendimientos el carácter apolítico de la figura del jefe del Estado, es la sociedad civil la que debe dar un paso al frente, como ha hecho la CEOE, el Círculo de Empresarios, un tímido Lambán -cada vez más aislado en el mundo de las baronías socialistas- y como han hecho algunos referentes del viejo PSOE bajo el paraguas de la plataforma 'La España que reúne'. Todos ellos, pero en especial los veteranos socialistas, han visto la imperiosa necesidad de no dejar exclusivamente en manos del centro derecha político la defensa de un régimen constitucional que tiene en la Monarquía su cúspide y que es obra del entendimiento entre todos los españoles, y que a todos los españoles pertenece. Urge la demostración pública del compromiso ciudadano con nuestro régimen constitucional como única manera de evitar la degradación institucional y política, y como apuesta por la permanencia y vigor de un sistema que ha convertido a España en una sociedad democrática avanzada; hasta la fecha.