Verdemar Ecologistas en Acción denunció ayer ante la Delegación Provincial de Medio Ambiente la realización de monterías de ciervos «indiscriminadas» y supuestamente ilegales en la finca La Almoraima en Castellar de la Frontera (Cádiz), que pertenece al Ministerio de Medio Ambiente. Los ecologistas indican en la denuncia que durante el mes pasado se produjeron dos monterías, una el día 15 y otra el día 29, en la última de las cuales se mataron entre 150 y 200 ciervos. Horas después, la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente aseguró que ambas cacerías eran «legales y autorizadas», parte de una práctica «ecológica» que persigue «mantener el equilibrio entre la vegetación y la densidad de herbívoros» y, por tanto, del ecosistema.
Un portavoz de los conservacionistas, José Fuentes, subrayó que el capital social de La Almoraima S. A. pertenece, como accionista único, al organismo autónomo Parques Nacionales, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino. Fuentes explicó que entre las prácticas supuestamente irregulares se encuentra la caza de hembras preñadas «sin ningún tipo de control» e indicó que los cazadores alimentan a los animales con la finalidad de que se reúnan en un mismo lugar «para poder cazarlos de una forma más masificada». «Creemos que esto no sólo va contra la legislación vigente, sino contra la ética y que desvirtúa el hecho de cazar incluso para los cazadores porque no se enfrentan de tú a tú con el animal», zanjó.
Los ecologistas indicaron que esta actividad «responde a intereses estrictamente económicos» y añadieron que la carne de los animales se vende con posterioridad. «Esto no es caza, es un sacrificio», denunció Fuentes, quien matizó que sería necesaria una selección previa «en la que se excluya a las hembras preñadas y se dé preferencia para la caza a los animales sobrantes o defectuosos».
Junta
La respuesta de la Junta de Andalucía no se hizo esperar. Fuentes de la Delegación de Medio Ambiente explicaron que la finca donde se desarrollaron las monterías, que pertenece al Ministerio de Medio Ambiente, tiene autorizada la caza por temporada de 250 hembras y 144 machos.
Esta autorización, según las mismas fuentes, se enmarca dentro de una práctica que obliga «desde hace casi veinte años» a los propietarios de determinadas fincas con problemas de vegetación a que controlen las poblaciones de hervíboros como el ciervo, el gamo o el muflón.
Así ocurre en esta finca ubicada en el Parque Natural de los Alcornocales, donde, según Medio Ambiente, hay dificultades para regenerar los alcornoques, un problema que se acrecienta si hay «mucha densidad de hervíboros».
La caza, según Medio Ambiente, actúa en estos casos como una forma para «restablecer el equilibrio», sustituyendo a la «predación natural» que actualmente ya no hacen los lobos, por lo que se ha convertido en una «práctica necesaria» en casos como éste, concluyeron las fuentes del Gobierno andaluz.
