La Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía manifiesta que no está entre sus objetivos inmediatos la aprobación de la creación del Colegio Oficial de Ambientólogos de Andalucía al no existir la base legal para el inicio de dicho trámite.

Ante la petición de la Federación Andaluza de Ciencias Ambientales (Faccaa) de la constitución de un Colegio Oficial, la Consejería de Justicia y Administración Pública recuerda que el título universitario de Licenciado en Ciencias Ambientales define y organiza las enseñanzas mínimas que conducen a su obtención y establece el perfil profesional, es decir, las acciones profesionales de quienes cursen estos estudios en cuestión.

No obstante, el título en sí no determina la existencia de la profesión ni habilita al estudiante para su ejercicio, ha de ser el legislador el que regule la profesión y sus atribuciones. En este sentido, al no existir regulación legal estatal, las actividades relacionadas con el medio ambiente pueden ejercerse por cualquier técnico competente, sin que exista ninguna reserva de actividades profesionales para los poseedores del título oficial.

La creación de una corporación de Derecho Público, con colegiación obligatoria, choca frontalmente con el principio de libre ejercicio profesional que rige en materia medioambiental, sin que, la figura de la corporación de derecho público para la agrupación de profesionales "con carácter voluntario" tenga amparo o acomodo legal en la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, de Colegios Profesionales de Andalucía.

Así pues, la Consejería de Justicia y Administración Pública entiende que las peticiones de los licenciados en Ciencias Ambientales de Andalucía no tienen acomodo en el presente marco legal, como ya les trasladó en una reunión mantenida el pasado mes de julio entre representantes de Faccaa y la Dirección General de Oficina Judicial, Justicia Juvenil y Cooperación de la Junta. De hecho, ésta ha sido la posición defendida por la Consejería desde que los ambientólogos iniciaran los trámites el 23 de enero de 2007, fecha desde la que se han sucedido los informes negativos a la solicitud de éstos por el vacío de respaldo legal.

Por tanto, la Consejería de Justicia considera inaceptables las medidas de protesta anunciadas por la Federación de Ciencias Ambientales ya que rompen con la voluntad de diálogo y buena predisposición mantenida desde el Gobierno andaluz.