El presidente del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán, ha sentado sobre la «colaboración» y el «diálogo» los pilares de la futura relación con el Gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo los comienzos no están siendo nada tranquilos y es que la promesa de aparcar la confrontación se produce a cuatro meses de las elecciones autonómicas y cuando los socialistas ya han elaborado un decálogo de reivindicaciones.

Se abre un periodo de precampaña electoral que contamina cualquier relación, más cuando el PP andaluz está capitaneado por Javier Arenas, hombre fuerte de Rajoy, y el futuro presidente ya anunció que hará lo posible y lo imposible por que su también vicesecretario de Política Autonómica llegue a San Telmo.

El PP gobierna 13 de las 17 autonomías y Andalucía se ha convertido en la comunidad socialista más fuerte. Un día después de que Rajoy convocara a sus barones, el presidente de la Junta denunció ayer que Andalucía ha sido «discriminada» en la interlocución con las comunidades por el presidente del Gobierno electo, a quien reprochó que no haya «tenido todavía a bien hablar» con él.

Griñán declinó pronunciarse en estos términos sobre la cuestión del aplazamiento de la deuda contraída por las comunidades con el Estado después de que el jueves el PP matizase que la medida no se abordará hasta que no conozca la situación real de las cuentas públicas tras el anuncio.

«Yo no he tenido ninguna entrevista con el presidente electo y, por lo tanto, no puedo hablar», aseguró el líder del Ejecutivo andaluz, quien remarcó que «otros, por ser de su mismo partido, sí han oído» cuál es su postura. «Como no la he oído, no puedo decir nada hasta que hable con Rajoy», añadió.

Las comunidades del PP llevan meses reivindicando al Gobierno saliente, en concreto a la ministra Elena Salgado, que diera oxígeno a las cuentas autonómicas y aplazara a diez años la devolución del dinero que las autonomías adeudan al Estado por los anticipos a cuenta del modelo de financiación autonómica. Unas cantidades que el Gobierno ingresa por adelantado a las comunidades pero que en 2008 y 2009 fueron mal calculadas, la crisis hizo mella y resultó que al final el Estado había dado por adelantado a las regiones más de lo que finalmente recaudó.

Ese dinero suma 24.000 millones de euros, 4.637 millones en el caso de Andalucía, y debe ser devuelto en cuatro años. El pasado jueves se dio por hecho que Rajoy iba a atender la demanda de sus barones, pero Arenas tuvo que salir al paso y desmentirlo. El Gobierno aplazará esa solicitud hasta conocer el estado real y detallado de las cuentas.

La consejera andaluza de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, no ha llegado a votar a favor de esa demanda de las comunidades del PP en el Consejo de Política Fiscal y Financiera –el órgano que sienta al Gobierno y las comunidades– pero sí se ha mostrado siempre comprensiva hacia esa demanda. Eso sí, la Junta reclama a Rajoy que este tipo de asuntos se resuelva en los órganos oficiales y no en reuniones de partido.

Solo 24 horas después de la victoria del PP, Griñán salió a valorar los resultados de su partido pero también a felicitar a Rajoy por su triunfo y a pedirle una entrevista. Días después utilizó el pleno del Parlamento andaluz para prometer que no haría uso de la crisis contra el Gobierno popular y que no caería en la confrontación. Desde las filas de la oposición, Arenas se mostró descreído, más cuando esa misma tarde los socialistas ya aprobaron una batería de demandas.