Juicio de los ERE

La Guardia Civil cree que la Junta ocultó documentación ´comprometida´

La jueza Alaya ha decidido suspender todas las declaraciones de imputados en la trama para estudiar a fondo el informe

 05:30  
La juez Alaya ha paralizado las declaraciones.
La juez Alaya ha paralizado las declaraciones.  EFE

EFE ­Un informe de la Guardia Civil entregado a la juez que investiga los ERE fraudulentos en Andalucía dice que la Junta revisó los expedientes y sacó de ellos «documentación que pudiera haber resultado comprometida o de interés para la investigación», además de completarlos con datos que faltaban antes de darlos al juzgado.

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que tuvo acceso Efe, asegura que conocían las irregularidades en las ayudas el Consejo de Gobierno andaluz, la Comisión General de Viceconsejeros («Consejillo») que presidía el exconsejero Gaspar Zarrías, los exconsejeros de empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, sus viceconsejeros y tres sucesivos directores generales de Trabajo.

La juez, en un auto notificado ayer, decidió suspender las declaraciones previstas para junio y julio, que incluían a varios «intrusos» en los ERE y al exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, para estudiar este «relevante atestado» de 304 folios, las «personas que en él se mencionan» y abrir posibles nuevas vías de investigación. Según la Guardia Civil, durante nueve años desde 2001 la Junta utilizó un sistema de «adjudicación irregular de ayudas que de manera injustificada sustituía la legislación aplicable» e impedía su fiscalización, en una situación en la que el Consejo de Gobierno «conocía el sistema utilizado, participando en mecanismos que lo harían viable».

El «descontrol absoluto» de las ayudas comenzó con Francisco Javier Guerrero, director general de Trabajo entre 1999 y 2008 y encarcelado desde marzo pasado, con la «activa colaboración» de alguno de sus subordinados y permitió adoptar «decisiones discrecionales que nada tenían que ver con necesidades objetivas sino más bien con intereses personales».

Como ejemplo, la UCO cita la Sierra Norte de Sevilla, que con una población de 30.000 habitantes recibió unos 50 millones de euros, el 70% de las ayudas directas a empresas concedidas en Andalucía. En este caso, jugó un «papel esencial» como promotor de las ayudas el exconsejero de Empleo entre 2000 y 2004 José Antonio Viera, pero su sucesor Antonio Fernández –encarcelado desde el 24 de abril– «fue responsable de que dichas ayudas siguieran pagándose». Dice la UCO que Fernández y su exviceconsejero imputado Agustín Barberá «fueron conscientes de la tramitación y gestión irregular de los expedientes» pero «no trasladaron los hechos al juzgado ni a la Fiscalía, a pesar de su gravedad».

La UCO recoge que durante el fin de semana del 20 y 21 de noviembre de 2010, una vez conocida la investigación de la juez Mercedes Alaya, se reunieron en la dirección general de Trabajo siete personas con el entonces director general, Daniel Alberto Rivera, y estuvieron revisando los expedientes de ayudas. Los investigadores creen que no se destruyó documentación, aunque los expedientes reclamados por la juez «no se mandaron tal cual estaban», sino que se sacó de ellos «documentación que pudiera haber resultado comprometida o de interés para la investigación».

Una de las hipótesis de la UCO es que parte del dinero iba destinado a «financiación de los sindicatos» mediante la entrega de cantidades «de las que a día de hoy se desconoce su motivación».

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