La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha dado orden de paralizar los desahucios en las viviendas públicas en aquellos casos en los que sean habitadas por familias con dependientes y en los que soporten un sobreendeudamiento.
Así lo anunció ayer la consejera en la sesión parlamentaria de control al Gobierno, en la que respondió a una pregunta formulada por el grupo socialista relativa a la paralización de desahucios en viviendas del parque público.
Cortés destacó que la medida se dirige a las familias que no puedan pagar el alquiler «por causas justificadas», entre ellas que existan personas dependientes –menores y ancianos– dentro de la unidad familiar.
Durante su intervención, la consejera subrayó que no se ejecutarán los desahucios contra quienes se encuentran «en una situación desesperada y no puedan hacer frente por causas justificadas a la renta de alquiler establecida».
En ese sentido, matizó que su departamento ofrecerá cuantas alternativas sean posibles a las personas objeto de los expedientes de desahucio con el fin de evitar que familias que atraviesan dificultades «sean desposeídas de su vivienda».
«Esta Consejería no va a contribuir a agravar ningún problema social», manifestó Cortés, que aseguró que su consejería va a «luchar para que las víctimas de la crisis no pierdan su casa».
La Junta gestiona en la actualidad, a través de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), más de 46.000 viviendas públicas en régimen de alquiler, con una población residente de alrededor de 250.000 personas.
