El Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional la norma andaluza que eximió de colegiación obligatoria a los trabajadores al servicio de la Administración, lo que fue denunciado por algunos colegios profesionales como un intento de reducir sus competencias.

El TC, en una sentencia, dice que la norma andaluza, incluida en un inciso de la Ley de Presupuestos de 2001, estableció «una excepción no contemplada en la ley estatal de colegios profesionales» y «siendo competente el Estado para establecer la colegiación obligatoria, lo es también para establecer las excepciones que afectan a los empleados públicos a la vista de los intereses generales que pueden verse afectados».

La norma recogía la exención de colegiación obligatoria a todos los profesionales que trabajasen al servicio de la Administración andaluza, entre ellos los médicos de la sanidad pública, lo que fue criticado por sus respectivos colegios, con el apoyo del PP y del Gobierno central, que presentó recurso de inconstitucionalidad.

Ahora, el TC acepta el recurso del Abogado del Estado así como el recurso presentado por el Ejecutivo presidido por José María Aznar en marzo de 2002 y dice que la exención del deber de colegiación de los funcionarios, personal estatutario y personal laboral al servicio de las administraciones públicas en Andalucía «para la realización de actividades propias de su profesión por cuenta de aquéllas», vulnera la ley estatal de 1974 que exige la colegiación forzosa.

Dice la sentencia que el ejercicio del derecho al trabajo reconocido en el artículo 35 de la Constitución no se garantizaría en condiciones de igualdad si la obligación de elegir la alternativa menos gravosa respecto a la colegiación «fuera distinta dependiendo del lugar de establecimiento o de prestación».

Los presidentes de los consejos andaluces de Colegios de Médicos y de Colegios de Enfermería, José Martínez Amos y Florentino Pérez Raya, respectivamente, celebraron el fallo del Constitucional.

En el caso de los profesionales sanitarios, cuyas entidades colegiales fueron muy críticas con la norma andaluza porque no obligaba a la colegiación en el caso de que se trabajase en exclusiva para el Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA), Martínez Amos destacó que «con la vuelta» a la colegiación obligatoria «habrá un control más serio y eficaz de que los sanitarios que están ejerciendo sean auténticamente profesionales titulados y correctamente preparados».

Por contra, la consejera andaluza de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, dejó la puerta abierta a un posible recurso al anteproyecto de Ley de Servicio Profesionales en el que está trabajando el Ministerio de Economía y Competitividad, en el caso de que el departamento que dirige Luis de Guindos «utilice la vía excepcional en la transposición que está haciendo» de la directiva europea de liberalización de los profesionales y consigne «la obligatoriedad de la colegiación para todas los profesionales sanitarios».

Montero reprochó al Gobierno central de «estar utilizando la vía excepcional» para «volver a consignar la obligatoriedad de la colegiación para los profesionales sanitarios». Respecto a la posible liberalización del sector de las farmacias, en el que la propiedad y titularidad de las boticas dejaría ya de estar en manos exclusivas del profesional farmacéutico, -no así la dirección de este tipo de establecimientos- Montero defendió el modelo mediterráneo de farmacia, al tiempo que avisó de que la introducción de esos cambios «evidentemente nos llevarían al primer escalón de la liberalización del sector y a que haya un empresario que pueda tener varias farmacias a su cargo».