Tribunales

Libertad con cargos para el director de hotel detenido por el caso de los ERE

La juez Alaya imputa a la mayoría de los arrestados los presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, falsedad y delito fiscal

12.10.2013 | 05:00
Algunos de los detenidos tras salir en libertad con cargos.
Algunos de los detenidos tras salir en libertad con cargos.

La juez instructora del caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), Mercedes Alaya, dejó durante la madrugada del viernes en libertad con cargos a los siete últimos detenidos en relación con el cobro de sobrecomisiones, entre los que se encuentra Ángel Quesada del Valle, apoderado de la empresa que gestiona el hotel Rey Don Pedro de Torremolinos, y al exbanquero que fueron detenidos el pasado martes en la segunda fase de la operación Heracles. Según fuentes judiciales, tanto Quesada como el exdirector de una oficina de Caja San Fernando en Cazalla de la Sierra, Gerardo de la Cruz, detenido también en Málaga, quedaron libres con la obligación de personarse cada 15 días en el Juzgado.

La juez imputó a los arrestados los presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, falsedad y delito fiscal. Si la Guardia Civil le ha imputado a Quesada haber hecho un pago de 387.277 euros al «conseguidor» Juan Lanzas, a de la Cruz Elías lo acusan de favorecer la consecución de los hechos ilícitos e incluso de beneficiarse de las ayudas concedidas a través de la empresa sevillana El Venero de Móstoles, según las mismas fuentes.

Los primeros en quedar libres fueron los sindicalistas Salvador Mera, secretario general de UGT en Cádiz, y Roberto Carmona, exsecretario de Desarrollo Industrial de CCOO en Andalucía, quienes fueron aclamados por varias decenas de sindicalistas y sus dirigentes regionales, que permanecían concentrados a la puerta de los juzgados desde primera hora de la mañana.

Responsabilidad civil

Las declaraciones ante la juez se prolongaron hasta las 03.30 horas y ni la Fiscalía Anticorrupción ni las acusaciones particulares pidieron prisión para los imputados sino fianzas de responsabilidad civil, que ascendió a tres millones de euros pedidos por la Junta de Andalucía para Manuel Enrique Rodríguez Contreras, exgerente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en Sevilla y exdirector de Empleo de la Diputación de Sevilla hasta su detención.

También quedaron libres Francisco Casado, exsindicalista de CCOO en Córdoba, y el empresario sevillano José Joaquín Barneto, mientras que ayer estaba previsto que prestaran declaración Ramón Díaz Alcaraz, exdiputado andaluz del PSOE y exasesor del director general de Trabajo, imputado de varios intrusos en la empresa Saldauto.

Varias decenas de sindicalistas que portaban en su mayoría pegatinas de CCOO acogieron con gritos de «libertad, libertad» la entrada de los detenidos al Juzgado y les recibieron con vítores al quedar libres, mientras que a la juez le gritaron «fea, hortera y pepera».

La vicepresidenta del Gobierno central, Soraya Sáenz de Santamaría, pidió tras el Consejo de Ministros de ayer que se respete la labor de la juez, a lo que añadió que los abucheos que sufrió la magistrada en los juzgados de Sevilla «no son admisible en ninguno de los casos».

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