Tribunales

El TC admite el recurso del Gobierno y suspende la ley antidesahucios de la Junta

La norma andaluza sustituyó en octubre al decreto que también estuvo suspendido cautelarmente

17.01.2014 | 16:34
Protesta de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) ante una sede bancaria.
Protesta de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) ante una sede bancaria.

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) suspendió ayer de forma cautelar la ley andaluza de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, conocida como «antidesahucios», al admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno. La ley recurrida fue aprobada el pasado 1 de octubre y derogó el decreto-ley de Andalucía de abril sobre este mismo asunto y que, en su momento, ya fue objeto de otro recurso de inconstitucionalidad, que también supuso su suspensión cautelar.

Desde que el Consejo de Ministros acordó, el pasado 13 de diciembre, presentar un recurso ante el Constitucional contra la ley, la Junta de Andalucía ha culminado dos expropiaciones de viviendas en Huelva y Torremolinos y ha iniciado otros 37 expedientes de expropiación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, al tiempo que ultima otros 115 en las ocho provincias.

La admisión a trámite del recurso no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del mismo, que el Tribunal Constitucional resolverá en próximas fechas.

El Gobierno recurrió al considerar que la nueva ley reproducía en esencia el contenido del decreto anteriormente recurrido y, por ello, reiteró los motivos expuestos en ese momento para adoptar de nuevo esta decisión. En concreto, el Ejecutivo central entiende que la ley andaluza es inconstitucional por definir el contenido esencial del derecho de propiedad de la vivienda, utilizando para ello competencias de la comunidad autónoma en materia de vivienda y urbanismo.

En la providencia dictada sobre la ley antidesahucios andaluza, el pleno del TC da traslado de su decisión a la Junta de Andalucía para que en el plazo de 15 días se persone en el proceso y formule las alegaciones oportunas. Conforme a la legislación, da también traslado de la demanda y de los documentos presentados al Congreso, al Senado y al Parlamento de Andalucía.

La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta, Elena Cortés, está preparando ya el informe para pedir al TC el levantamiento de la suspensión cautelar de la ley, y anunció ayer que pedirá a los juzgados donde se instruyen procedimientos de ejecución hipotecaria que no ejecuten los desahucios hasta que el TC tome una decisión en firme. La consejera indicó que el TC tiene un plazo como máximo de cinco meses para levantar la suspensión cautelar, mientras que tiene «años» para decidir sobre el fondo.

Cortés explicó que su petición se formula «en atención a dos elementos fundamentales», esto es, el hecho de que el recurso del Gobierno «provoca una desprotección máxima del derecho humano a la vivienda en Andalucía», y, por otro lado, al hecho de que en Cataluña «opera una ley que permite sancionar las viviendas deshabitadas y no pasa nada».

De este modo, consideró que el recurso del Gobierno central «está más provocado por que al PP le molesta que haya alternativa y que IU sea Gobierno en Andalucía». Asimismo, indicó que los primeros efectos de la admisión de ese recurso será «dar campo libre a los especuladores», con lo que, a su juicio, «el Gobierno ha vuelto a claudicar ante la banca».

Por su parte, la vicesecretaria de Territorio y Medio Ambiente del PP-A, Alicia Martínez, exigió a la consejera que rectifique inmediatamente la ley antidesahucios, que a su entender es inconstitucional. Para Martínez, es la «segunda vez que la Junta tropieza en la misma piedra» al no querer modificar una ley «que vulnera la Constitución Española» y al seguir «poniendo excusas para no ejercer sus competencias» y garantizar la función social de la vivienda.

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