­En Andalucía hay registrados unos 112.000 comercios. Al contrario que en otros países más punteros de Europa, la economía española está basada en un tejido de pequeñas empresas que, en su mayoría, están en propiedad familiar. No abundan precisamente las grandes multinacionales que dan trabajo a miles de personas, y que han podido campear con relativos esfuerzos de ajuste esta crisis económica, que azota al país desde finales de 2007. Si hay que señalar a un gran perdedor que ha salido perjudicado, bajo el mantra de la recesión, ese ha sido el sector de las pymes.

Urge tomar medidas y la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía ha trabajado durante dos años para evitar el desplome de un sector que se desangra lentamente. El resultado, casi 100 millones de euros de inversión para llevar a cabo una serie de medidas en un proyecto ambicioso que fue presentado ayer en Málaga por el consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, bajo el nombre de Plan para la Reactivación del Comercio Andaluz.

El plan tiene una duración de cuatro años, y se revisará anualmente para realizar ajustes o modificaciones necesarias, en base a los resultados que se van obteniendo. Según explicó Rodríguez, «este plan es el resultado del trabajo conjunto entre la ciudadanía en general y los agentes socioeconómicos que intervienen en el comercio interno». Los principales destinatarios son los autónomos y microempresas, que «son el principal elemento de la economía andaluza para crear riqueza y empleo». En una defensa de lo que el consejero denominó «el interés general», basándose en el dominio del pequeño comercio, las líneas maestras de este plan van enfocadas a garantizar la competitividad de las pequeñas empresas con respecto a las grandes superficies. «Desde la Junta de Andalucía, no tenemos nada en contra de ningún formato comercial o de grandes centros de ocio, pero tenemos que garantizar la supervivencia de un tipo de actividad que representa a la mayoría». En prueba de la constante discordancia que existe entre Andalucía y Madrid, el consejero criticó las voces que suenan desde del Gobierno Central pidiendo mayor flexibilidad en el sector comercial. «Lo que se esconde detrás de la petición de más liberalización en realidad es la ley de la selva, donde el pez grande acaba devorando al pequeño».

El objetivo del plan, con nueve programas y 96 proyectos, es tan ambicioso como complicado. Existen unas carencias estructurales en el sector, que se han manifestado con toda su crudeza en un entorno económico en el que reina la reducción del poder adquisitivo de las clases medias. El plan prevé que se aborden nuevas estrategias de desarrollo económico y social, que lleven los comercios hacia actividades generadoras de mayor valor añadido y propicien un cambio verdadero de modelo productivo. Para ello, según Rodríguez, «se pondrán a disposición de las empresas las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS), se mejorarán las infraestructuras existentes para mejorar el transporte y se asesorará a los autónomos en comercio electrónico, entre otras cosas».

En Andalucía, el 97% de los comercios tienen menos de cinco trabajadores. Predomina claramente el comercio minorista que depende a su vez de la demanda interna. Una demanda interna que se ha desplomado en los últimos años debido a la pérdida de poder adquisitivo de las clases medias. Si al efecto de los bolsillos vacíos, se le suma el cierra radical del grifo del crédito, se intuyen números dramáticos tras la caída de la demanda: se han perdido 675.200 empleos en Andalucía, lo que sitúa la tasa de paro en esta comunidad autónoma en un alarmante 36,3%. Este porcentaje es consecuencia directa de la desaparición de 50.000 comercios.