Susana Díaz anuncia que modificará la LOUA para acoger las viviendas ilegales

En la provincia de Málaga, esta situación afecta en principio a un volumen de unas 50.000 casas -en Andalucía son entre 250.000 y 300.000-, según estimaciones facilitadas por la propia Junta, que incluyen en este guarismo las construcciones ilegales en diseminados y parcelas rústicas de la zona de la Axarquía, el Guadalhorce y la zona costera en torno a Mijas. Colectivos de afectados como la Asociación Provincial de Viviendas Irregulares (APVI), por contra, suelen elevar estas cifras incluso hasta las 80.000.

Lo que anunció ayer Díaz, en concreto, fue una modificación normativa del artículo 185 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para hacer posible la regularización de un «número importante de edificaciones construidas en suelo no urbanizable y para las que ha prescrito el plazo para la restitución de su legalidad urbanística», según precisó posteriormente la Junta.

Ese artículo, en su apartado 2A, afirma que las viviendas construidas sobre terreno no urbanizable no pueden acceder nunca a la legalidad, por lo que su situación irregular no prescribe nunca. Habrá que conocer con detalle esa modificación para saber el volumen exacto de viviendas ilegales que puedan acogerse a la misma. Lo que sí seguirá quedando siempre fuera de cualquier posible regularización son las viviendas edificadas en monte público, riberas de ríos o lugares de interés comunitario (LIC), explicaron fuentes administrativas.

«La situación de las casas ilegales es un galimatías. Las hay con licencia de obra y sin ella. Incluso las hay con hipotecas. No se puede hacer una generalidad porque su ilegalidad -o alegalidad- procede de varios conceptos. Habrá que ver cómo se modifican los términos del artículo», añadieron otras fuentes conocedoras de esta problemática.

La situación de estas viviendas supone desde hace años un quebradero de cabeza para el Gobierno andaluz. A inicios de 2012, el anterior presidente de la Junta, José Antonio Griñán, aprobó un decreto de regularización de viviendas en Andalucía. La medida, sin embargo, ha logrado en dos años una cantidad ínfima de regularizaciones. El presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, recordaba hace un mes que sólo unas 200 viviendas irregulares en la comunidad -el 0,1% del total afectado- habían logrado acceder durante este tiempo a la figura de Asimilado a Fuera de Ordenación (AFO), previsto por la norma para espantar el fantasma de la demolición sobre estas construcciones.

Ante esta realidad, Susana Díaz aseguró ayer, durante su intervención inicial en el debate sobre el estado de la comunidad, que asumirá un compromiso para «dar respuesta a una situación que afecta a miles de familias y a las que la administración no puede dar la espalda».

«No podemos, en modo alguno, dejar que permanezcan en un limbo de inseguridad jurídica, de manera que mi Gobierno va a proponer a la Cámara una modificación normativa de la LOUA que posibilite la regularización de dichas viviendas», explicó.

El anuncio de Díaz trajo ayer cierta «euforia» a los propietarios de viviendas irregulares situadas en suelo no urbanizable de distintos municipios de la Axarquía. El colectivo Save Our Homes Axarquía (SOHA), que lleva años reclamando a las administraciones una solución para legalizar unas casas «que fueron compradas de buena fe» por sus propietarios, afirmó que es «un día de alegría» aunque dijo que habrá que esperar a ver lo que sale publicado en BOJA para valorar con más profundidad la medida. El presidente de SOHA, Philipp Smalley, y el secretario general, Mario Blancke, aseguraron que es un primer paso para normalizar la situación.

«Hay mucha gente que aún lo ignora pero estos propietarios no son especuladores que compraron para enriquecerse, sino víctimas, personas que querían una casa para vivir y que la adquirieron convencidas de su legalidad», comentaron.

La respuesta del PP en Málaga llegó por boca del vicesecretario de Política Municipal y concejal del Urbanismo del Ayuntamiento de Antequera, José Ramón Carmona, que calificó el anuncio de «mera proclama sin contenido alguno». Carmona recordó que el decreto de la Junta de 2012 prometió facilitar la regularización del 90% de viviendas ilegales de la provincia, «pero a la hora de la verdad el porcentaje es del 0,2%».

«Son demasiadas promesas. Durante años la Junta permitió la construcción de estas casa irregulares en el campo y ahora se mantiene a los alcaldes sin instrumentos adecuados para poder regularizar las que no estén en suelo protegido. En otros casos son viviendas alegales porque los PGOU no están aprobados. Lo que nos tememos es que el anuncio de ayer de Díaz es una forma más de ganar tiempo», apuntó. Carmona recordó que en Antequera hay unas 1.000 viviendas esperando su regularización.

Por su parte, el equipo de gobierno de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía instó ayer a la Junta a cumplir con su palabra en relación el decreto de enero de 2012, «donde se comprometió a regularizar nueve de cada diez viviendas ilegales en la comarca oriental», que en total suman 15.000 unidades.

El presidente de la institución comarcal, el popular Óscar Medina, alegó que en más de dos años, apenas se han regularizado una veintena de inmuebles. Para el dirigente axárquico, la Junta «continúa sin atender la realidad urbanística», por lo que calificó de «venta de humo» el decreto aprobado en su día.

El alcalde de Alcaucín, Domingo Lozano, también del PP, recordó que en su municipio se contabilizan más de 900 casos de viviendas afectadas. «Además de las casas pendientes de ser regularizadas, hay otras que se hallan bajo una inseguridad jurídica similar, con el agravio comparativo de que la Junta ordena a los ayuntamientos su demolición», apuntó.

Según Lozano, los regidores no legislan pero sí deben acatar el derribo de los inmuebles. «Esta situación nos deja indefensos», dijo.