El nuevo equipo de gobierno de la Diputación Provincial de Málaga reducirá en 20 el número de cargos de confianza con respecto a los que figuraban en la nómina de la institución en la última legislatura, bajo el gobierno del PSOE e IU. Así, de los 77 que había antes se pasará a un máximo de 57 ahora, según lo que marca el Plan de Austeridad presentado por el presidente, Elías Bendodo, el pasado 27 de julio. Esta disminución va acompañada de un ahorro en sueldos de un millón de euros por año, lo que equivale a un total de cuatro millones a lo largo de la legislatura.
El portavoz de la Diputación, Francisco Salado, ha asegurado que el nuevo equipo de gobierno se encontró con la institución "en quiebra técnica" y que si no fuera por el Plan de Austeridad, diseñado en tiempo récord y ya en aplicación, la Diputación habría alcanzado a final de año un índice de endeudamiento del 143%, muy por encima del límite legal del 110%.
En este sentido, Salado ha manifestado que los recortes en cargos y sueldos "y también la eliminación de subvenciones arbitrarias a organizaciones de todo el mundo" llevados a cabo garantizan que la institución pueda dedicarse a su función, "que no es otra que prestar servicio a los municipios menores de 25.000 habitantes".
Salado ha recordado al portavoz socialista, Francisco Conejo (que esta mañana ha arremetido contra Bendodo por su política en relación con los cargos de confianza), que el único criterio de contratación del nuevo equipo de gobierno es la profesionalidad y la experiencia demostrada en la gestión pública, "y no la afiliación al PSOE o a IU, como sucedía antes". En este sentido, el portavoz ha señalado que el anterior equipo de gobierno tenía 77 cargos de confianza en los que gastaba 3.500.009 euros al año, "mientras que ahora tendremos un máximo de 57, con un gasto total de 2.784.350 euros".
Si a estas cifras se suman los 263.503 euros anuales que se ahorran en los salarios de la corporación –que se han bajado un 13,5%-, el resultado es casi un millón de euros de diferencia entre lo que pagaba el anterior equipo de gobierno en sueldos y lo que se destina ahora a dicho capítulo.
"Lo que ha hecho el PP nada más llegar al gobierno de la Diputación es aplicar las directrices sobre emolumentos de cargos públicos que marca la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), y de ahí el recorte", ha declarado Salado.
Desmanes en el Consorcio de Bomberos y el Patronato de Turismo
Además, el portavoz ha acusado a Conejo de "amparar los desmanes del PSOE en el Consorcio Provincial de Bomberos, donde se han llevado a cabo convocatorias irregulares y gastos injustificables por parte de su gerente, José Luis Cámara, y también en el Patronato de Turismo de la Costa del Sol, donde la ex gerente, Ana Gómez, pagaba con la VISA Oro en supermercados, peluquerías o farmacias y además sacaba dinero en efectivo de cajeros".
En este sentido, el popular rechaza que Conejo se quiera erigir en vigilante de las contrataciones "cuando su partido ha estado en la Diputación doce años permitiendo toda clase de enchufismos y gastos exagerados de personal en perdedores de elecciones y políticos rebotados de sus municipios, a los que no querían sus conciudadanos". Además, ha recomendado a Conejo que no intente dar lecciones de honradez ni busque fantasmas donde no los hay, "y que acepte la realidad tal como es: que con el PP hay menos cargos de confianza que ganan menos y que con el Plan de Austeridad vamos a salvar una institución que estaba condenada a muerte con el PSOE".
Salado ha reiterado que tanto el PSOE como IU usaron la Diputación en la anterior legislatura para dar cabida como asesores y cargos de confianza a afiliados que habían perdido elecciones municipales. Así, ha puesto como ejemplos más claros los de los socialistas Cristóbal Fernández, ex alcalde de Fuente de Piedra y ex gerente de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), además imputado por delito medioambiental; Enrique Rojas, ex alcalde de Algarrobo; Juan Peña, ex alcalde de Periana; Patricia Alba, ex candidata a la alcaldía de Alhaurín de la Torre, y Enrique Monterroso, ex candidato a la alcaldía de Marbella.
En lo que respecta a IU, Salado ha enumerado a Óscar Román, ex alcalde de Carratraca, o a Félix Martín, portavoz en el Ayuntamiento de Torremolinos.
También ha señalado casos similares pero en la Junta de Andalucía, como el de la ex alcaldesa de Rincón, Encarnación Anaya, que tras perder las elecciones ha tomado posesión de una plaza en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), u otros ex regidores que han salido derrotados en los comicios y en seguida han ocupado puestos en delegaciones provinciales de la Junta de Andalucía. Del mismo modo, ha recordado que el ex alcalde de Estepona, David Valadez, es ahora secretario del Grupo Socialista en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.
